La postura mantenida por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ante las declaraciones a medios realizadas el lunes por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha provocado una reacción encontrada entre las diferentes asociaciones de fiscales. Así, mientras que la Asociación de Fiscales (AF) critica a la Fiscal General por no reaccionar con «contundencia», la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sale en defensa de Delgado y acusa a la AF de intentar «mancillar» la imagen de la Fiscalía.
Este mismo jueves, tras el fallido Consejo Fiscal –se anuló por un positivo por Covid-19– la AF cargaba las tintas contra Delgado por no haber reaccionado de forma «contundente» a las declaraciones de Navajas, y le reprochaba que en cuarenta años «nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la Carrera Fiscal».
La reacción de la UPF no se hacía esperar y lanzaba su propio comunicado en defensa de la fiscal general del Estado y de la FGE frente a los intentos de «mancillar» el Ministerio Público mediante la difusión de «una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad».
EL «DESCRÉDITO» DEL NOMBRAMIENTO DE DELGADO
Con el intento de «mancillar», la UPF se refería a lo que afirmaba la AF en su nota, en la que destacaba que el descrédito de la institución «nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como fiscal general».
Y apuntaban que esa pérdida de crédito llegaba hasta la actualidad, cuando han tenido que sufrir «los ataques que desde la figura del número 2 de la carrera –Navajas– se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de Dolores Delgado».
Se refería la AF a las declaraciones de Navajas realizadas este lunes en Onda Cero en las que denunció haber recibido presiones de fiscales «contaminados políticamente», de hecho afirmó que uno de ellos era la exFGE Consuelo Madrigal. El teniente fiscal enmarcó esas presiones en el proceso de estudio de las querellas contra el Gobierno por la pandemia, que finalmente fueron inadmitidas.
Ante esta complicada situación, la UPF reclamaba respeto a la institución del Ministerio Fiscal y a los valores que representa, y pedía «posicionarla por encima de cualquier interés personal o partidista». «No es admisible de ninguna manera la difusión de una imagen de parcialidad que nada tiene que ver con la realidad», subrayaba.
Y en este sentido, recordaba a la AF que la institución está formada por 2.553 fiscales que cada día procuran dignificarla con «su trabajo incansable desde todos los rincones de España, trabajando en equipo y siempre con la colaboración indispensable de los compañeros y compañeras, con respeto a los principios de exclusivo sometimiento a la ley y de objetividad e imparcialidad, con absoluta honradez».
Por eso, desde la UPF demandaban que «los últimos acontecimientos han de encontrar solución interna por los cauces legalmente establecidos», recordando que «ya se ha puesto en marcha el procedimiento para ello, lo que demuestra el funcionamiento de la institución».
La Inspección Fiscal ha abierto dos pesquisas internas en relación con estos asuntos, una por las supuestas presiones de Madrigal a Navajas y otra por el artículo de opinión publicado por la antigua jefa del Ministerio Público el pasado 3 de mayo en ‘El Mundo’, donde critica la gestión que ha hecho Moncloa de la crisis del coronavirus.
«Es momento, por tanto, de dejar trabajar a la institución, esperar a su resolución, poner fin a la crispación que solo puede contribuir a deteriorar inmerecidamente nuestra imagen y demostrar como siempre hemos hecho, con nuestro trabajo, lo que somos, servidores públicos al servicio de la Justicia», concluía la UPF.