La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley sobre Venezuela, con los votos de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV en la que, entre otros puntos, insta al Gobierno de España a vincular cualquier negociación o cooperación con Venezuela a la «demostración de avances en materia democrática y de respeto a los derechos humanos».
También insta al Gobierno de España a liderar en el seno de la UE «los esfuerzos internacionales para promover el Estado de Derecho y restaurar la democracia mediante elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias».
El acuerdo ha sido posible, a pesar del bronco debate en la Comisión, a partir de un texto que había presentado el PP para denunciar la intervención judicial de partidos de oposición en Venezuela y una enmienda transaccional de Aitor Esteban, del PNV que ha advertido de que no aprobar un texto sería un «auténtico fracaso».
Del consenso se ha apartado el Grupo Confederal de Unidas Podemos, cuyo portavoz, Enrique Santiago, ha asegurado que su grupo «condena todas las violaciones de derechos humanos, ocurran donde ocurran» y también «cualquier tipo de injerencia en asuntos de otros países».
Santiago también ha pedido al Gobierno que evite que sus embajadas sean usadas «para la desestabilización de ningún país», aludiendo, sin mencionarlo, a la presencia del opositor Leopoldo López en la residencia del embajador de España en Caracas.
Con esta PNL, el Congreso «condena las violaciones de los derechos civiles y democráticos por parte del régimen dictatorial venezolano», como la suplantación de la personalidad jurídica de partidos políticos e insta a revertir esta medida «y al cese de la inhabilitación y enjuiciamiento de líderes políticos».
Además, insta a la elección de un Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional para permitir que participen todos los partidos en unas elecciones parlamentarias pero también presidenciales y que sean libres, transparentes y verificables.
También constata que Juan Guaidó está reconocido como presidente encargado por España y otros países europeos, «exige» la liberación inmediata de los presos «encarcelados sin observar los procedimientos legal y democráticamente establecidos» conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por otro lado, insta al Gobierno español a «seguir dando una respuesta contundente» a las acusaciones de Maduro contra la Embajada española en Caracas, muestra su apoyo a la embajadora de la UE expulsada del país y apoya las sanciones individuales adoptadas por la UE contra dirigentes venezolanos, considerando que las sanciones son un instrumento válido para lograr avances democráticos.
