La Comisión Europea adoptará este miércoles su primer informe sobre el Estado de Derecho en los 27, un informe que, en el caso de España, menciona como desafíos las demoras que sufren los procesos judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, se hace eco de las críticas y la «discusión» sobre la independencia del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que al Fiscal General lo nombra el Ejecutivo y que no hay obligación de que las comunicaciones entre ambos sean públicas.
Un borrador del informe, no incluye una valoración o calificación general del Estado de Derecho en España, sino que se limita a plantear observaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial, la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, en muchos casos recogidas de informes previos del Consejo de Europa, que es una institución ajena a la UE.
Tampoco emite ninguna valoración sobre la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia de Covid-19 –un asunto sobre el que el PP envió un dosier a Bruselas– y se limita a constatar que el Congreso de los Diputados autorizó seis prórrogas y que el Tribunal Constitucional puede controlar si el Ejecutivo se excede en su definición de emergencia y en las medidas adoptadas.
Estos informes son una idea que Didier Reynders, hoy comisario de Justicia europeo, comenzó a lanzar en 2016, cuando el Gobierno polaco empezó a hacer reformas controvertidas y también en un momento en que llegaban a Bruselas ecos del secesionismo catalán. El borrador consultado no hace alusión alguna a Cataluña. Cuando Bruselas adopte los informes este miércoles, la atención estará puesta sobre todo en Polonia y Hungría.
En el caso de España, se trata de un informe de 11 páginas, basado en documentación de más de un centenar y basado en visitas virtuales a 15 instituciones españolas, desde Ministerios hasta el Defensor del Pueblo, según fuentes conocedoras de su proceso de elaboración.
Sobre este documento ha informado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, al Consejo de Ministros de este martes, según consta en la referencia publicada de la reunión.
El informe constata que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra pendiente de renovación y que su presidente, Carlos Lesmes, ha alertado de que esta «anomalía institucional» puede desacreditar al órgano. En este punto, el informe de la Comisión se remite al Consejo de Europa, que ha dejado claro que estos hechos confirman la importancia de asegurar que el Consejo no se percibe como vulnerable a la politización.
En segundo lugar, señala que la relación entre el Fiscal General y el Gobierno es «objeto de debate» y de críticas, porque es el Ejecutivo quien nombra al Fiscal y, aunque no puede cesarlo, su mandato termina con el del Ejecutivo y eso «puede afectar la percepción de independencia».
En este punto, vuelve a citar al Consejo de Europa porque éste ha destacando que, para que haya confianza pública, es importante que la Fiscalía no solo sea imparcial, objetiva y libre de injerencias, sino que además lo parezca. También recuerda que esa institución ha reconocido que el asunto se ha considerado debidamente pero que ha pedido a las autoridades mejoras sustantivas para aumentar la autonomía del Ministerio Público, sobre todo en lo relativo a sus comunicaciones con el Gobierno.
Señala, en concreto, que la ley no requiere que las comunicaciones del Gobierno con la Fiscalía sean públicas, ni que estén por escrito. Así, afirma que «parece» que existe la práctica de «publicar algunas de estas comunicaciones como notas de prensa en la web del Ministerio de Justicia», aunque añade que los actores del ámbito judicial subrayan la importancia de este publicidad para evitar cualquier impresión de interferencia política.
El texto incide en que los procesos judiciales son cada vez más largos, más de 600 días en el caso del Tribunal Supremo. Recoge también las preocupaciones por el impacto del estado de alarma en las demoras y los atrasos pero añade que se han tomado medidas.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por otro lado, echa en falta un marco global a los denunciantes de corrupción –aunque señala que el Gobierno empezó a trabajar en una en junio– y sobre los ‘lobbies’ o grupos de interés, algo que también ha llamado la atención del Consejo de Europa.
Constata, además, que en los últimos años España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción y señala que, aunque España no tiene una estrategia global contra esta lacra, la Estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave de febrero de 2019 tiene como objetivo mejorar la capacidad de investigación.
Con todo, recoge que, según el Eurobarómetro, el 94 por ciento de los españoles considera que la corrupción está extendida, frente al 71 por ciento de la media europea.
En materia de transparencia, apunta que no hay normas homogéneas para los distintos niveles de la Administración en materia de conflictos de interés, incompatibilidades y publicidad de bienes y activos y que, según un informe del GRECO (Consejo de Europa) el Consejo de Transparencia tiene problemas de recursos financieros y humanos. No hay, tampoco, un código de conducta único para todos los electos, aunque el Congreso de los Diputados se dotó de uno en febrero de 2019.
Por otra parte, señala que la Constitución consagra la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información. También constata que la Ley de Seguridad Ciudadana ha motivado «preocupaciones» en este ámbito.
El informe también considera que el proceso legislativo incluye garantías de transparencia y que el Defensor del Pueblo tiene un mandato «extenso» que puede ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos.
