El chollo de ser ‘expresident’: Torra tendrá chofer, secretario personal y 122.000 euros al año

El Tribunal Supremo confirmaba ayer la condena a Quim Torra por desobediencia, quedando así inhabilitado de su cargo como president de la Generalitat, y de cualquier cargo público. Además tiene que pagar una multa de 30.000 euros. Los medios de comunicación y las redes sociales han manifestado opiniones tanto a favor como en contra, y el panorama político en Cataluña está ahora mismo agitado y lleno de incertidumbre. 

Sin embargo no es que a Torra le vaya a ir mal de ahora en adelante, porque después de su destitución podrá seguir cobrando el 80% de su sueldo como president, que alcanzaba los 122.400 al año. La percepción de este salario está reflejado en la  Ley 6/2003, que regula el estatuto de los expresidentes del Govern. Es decir que está estipulado por ley, aunque no se hará efectiva hasta que la inhabilitación de Torra no se publique en el BOE, hasta entonces continuará cobrando el 100% de su sueldo. Quim Torra ha ejercido su cargo al frente del Govern durante solo 28 meses y según lo dispuesto por la normativa, podrá disfrutar de ese sueldo durante la mitad del tiempo de su mandato, es decir 14 meses.

Pero como Torra tiene 57 años, cuando cumpla los 65 volverá a recibir una buena paga por parte del estado catalán.  La jubilación de Torra (y los expresidents en general) también se vislumbra dorada, ya que recibirá una pensión vitalicia de unos 92.000 euros anuales, el 60% de su salario durante su tiempo en el Govern. Otros privilegios que se le garantizan son una oficina propia y tres empleados a su servicio, una dotación para diversos casos y un coche oficial con chófer que en este caso será un mosso que actuará también como guardaespaldas. 

Artur Mas, quien inició el procés y que también fue inhabilitado en 2014, estuvo cobrando 111.000 euros anuales hasta principios de 2020. Pero como en enero cumplirá los 65 años, comenzará a disfrutar de una sustanciosa pensión de jubilación.  Por su parte, Jordi Pujol renunció a su pensión de expresident cuando se destapó que desviaba fondos a paraísos fiscales, y Carles Puigdemont se quedó solo con el salario de eurodiputado.