El Congreso ha respaldado este martes tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘Ley Mordaza’ que aprobó el Gobierno del PP, entre críticas al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos por el retraso en cumplir su compromiso electoral y, sobre todo, por recurrir a esta norma «batiendo el récord de multas» durante el estado de alarma por el coronavirus.
La llave que puede abrir esta reforma es una proposición de ley del PNV, que hace dos legislaturas ya se estuvo debatiendo en la Cámara pero que nunca llegó a ver la luz por las sucesivas convocatorias de comicios. Tanto los grupos a favor como los que rechazan la propuesta han reprochado al Ministerio del Interior que se elevaran más de un millón de propuestas de sanción durante el estado de alarma, más que todos los países del entorno y que en los cuatro años que lleva en vigor la norma.
Tanto el PP como Vox han rechazado la reforma, este último partido molesto por la «desfachatez» del PNV de mostrar interés en la seguridad ciudadana pese su «coincidencia» en el pasado con ETA. Ambos grupos han defendido que la norma es necesaria para proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. También han mencionado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado las ‘devoluciones en caliente’.
PROTESTA EN VALLECAS
El diputado ‘popular’ Jaime Miguel Mateu Istúriz ha mostrado desde la tribuna una fotografía donde un manifestante propinaba una patada a un agente de la Policía en Vallecas (Madrid) en una protesta reciente por el confinamiento de algunas barrios ordenado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Tras sostener que «no puede ser tan mala» cuando la ha aplicado «con ganas» el ministro Fernando Grande-Marlaska, Mateu Istúriz ha rechazado apoyar su reforma por desconfianza hacia el «peor Gobierno y el más sectario». En este sentido, ha mostrado la firmeza del PP «en defensa del Rey y frente a la subversión del orden constitucional».
El diputado del PSOE David Serrada ha reprochado al PP que ahora haga «seguidismo» de Vox, censurando su «ejercicio de funambulismo» porque hace dos legislaturas los ‘populares’ sí se sumaron al consenso para reformar la ‘Ley Mordaza’. También ha vinculado esta norma, que entiende en su redacción actual como contraria a los derechos individuales, con la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, recordando su imputación por la Operación Kitchen y el apoyo que el líder del PP, Pablo Casado, mostró tanto al exministro como a su director de la Policía, Ignacio Cosidó.
Unidas Podemos y otros grupos minoritarios como Más País han coincidido en vincular la aprobación de la ‘Ley Mordaza’ con el «rodillo» de la mayoría absoluta del PP y, sobre todo, con la gestión de Fernández Díaz en un momento de «tiempos convulsos» por la crisis económica, una etapa en la que, ha enfatizado el partido morado, se usaron fondos reservados para «espiar a rivales como Pablo Iglesias».
ALUSIONES A LA INHABILITACIÓN DE TORRA
Por parte de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez ha respaldado que se reforme la ‘Ley Mordaza’ porque, al contrario que lo que sostiene el PP, su grupo piensa que no hay contradicción entre seguridad y libertad. «No hay derechos sin ley», ha comentando antes de poner como ejemplo la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
En el debate de la toma de consideración de la reforma de la ‘Ley Mordaza’ se han colado constantes alusiones a Torra, con el rechazo a su inhabilitación expresado por EH Bildu, ERC y, sobre todo, Junts. Miriam Nogueras, diputada de esta última formación, ha lanzado duras críticas a los jueces del Tribunal Supremo, recordando a los presos del ‘procés’ condenados por delitos de sedición y malversación.
«Encerradas deberían estar las togas que pudren su país cada vez que actúan», ha dicho Nogueras antes de proclamar que la «única solución» para la «minoría» que representan los catalanes dentro de España es la independencia.
RECURRIDA ANTE EL TC
Tanto el socialista Pedro Sánchez como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se comprometieron a sustituir la ley del PP por otra que «garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», según reza el acuerdo que suscribieron para el Gobierno de coalición.
La conocida como ‘Ley Mordaza’, que contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, fue aprobada en 2015 en solitario por el PP y acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición. Entre las razonas para su reforma, el PNV ha citado que las sanciones ya no las dicta un juez penal sino la administración, sin tener en cuenta la capacidad adquisitiva del ciudadano. «Primero paga y luego recurre», ha resumido Mikel Legarda.
Contó con el rechazo de asociaciones y ONG al entender que vulneraba derechos de los ciudadanos, pero también cosechó el respaldo de la mayoría de organizaciones sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancionen las faltas de respeto a la autoridad.
La Cámara admitió a trámite ya en 2017 dos proposiciones de ley distintas para acabar con la ‘Ley Mordaza’: una presentada por el PSOE para suprimir toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como ‘Ley Corcuera’ por el entonces ministros del Interior socialista, y otra del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992.
