La Comisión Mixta del Concierto del Concierto Económico, reunida esta tarde telemáticamente, ha aprobado para las instituciones vascas un déficit del 3,5% en 2020 y del 3,0% para 2021, en un acuerdo en el que, por primera vez, se reconoce a las diputaciones forales una capacidad de endeudamiento propio.
Los acuerdos alcanzados con el Gobierno central han sido dados a conocer en una rueda de prensa por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha señalado que ese reconocimiento para las diputaciones supone «un espaldarazo al régimen de financiación de Euskadi, el Concierto Económico». «Es un hito en la historia del Concierto Económico Vasco», ha añadido.
Azpiazu ha realizado estas manifestaciones tras la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, en la que ha participado junto a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y los diputados generales de Álava, Ramiro González; y Bizkaia, Unai Rementeria.
Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, tenía prevista su asistencia al encuentro, pero al estar confinado por el covid-19 ha asistido en su lugar el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga.
Azpiazu ha explicado que, con el acuerdo cerrado en la Comisión, al 2,6% de déficit pactado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 31 de julio, se ha sumado un 0,9% específico para las diputaciones forales, llegando al 3,5% para las instituciones vascas en 2020.
Además, se ha conseguido fijar el déficit para 2021 en el 3,0% (2,2% para el Gobierno Vasco y un 0,8% para las diputaciones), lo cual permite «arrancar con el proceso de elaboración de presupuestos de una manera más sólida», ha indicado.
Estas cifras porcentuales suponen que el Gobierno Vasco podrá incurrir en un déficit de 1.716 millones de euros en 2020 y de 1.617 millones en 2021, una capacidad que en el caso de las diputaciones será de 595 millones de euros en 2020 y de 588 millones en 2021.
Azpiazu ha recordado que las diputaciones forales tienen la potestad tributaria en los Territorios Históricos y soportan «de forma inmediata», al igual que el Gobierno Vasco, una caída de ingresos como la que ha supuesto la generada por la covid-19, «no siendo consideradas entidades locales».
DEUDA PÚBLICA
Asimismo, se ha acordado el objetivo de deuda pública del Gobierno Vasco en el 16,3% para 2020 y en el 16,9% para 2021, lo que supondría alcanzar los 10.821 millones y 12.440 millones, respectivamente. Azpiazu ha manifestado que las cifras acordadas permitirán a las instituciones vascas iniciar los procesos presupuestarios «sobre una base sólida», algo «imprescindible» para afrontar la situación de «crisis económica y emocional» actual.
El consejero ha apuntado que la realidad generada por la pandemia requiere «reforzar presupuestariamente» ámbitos como la salud, la educación, el empleo, así como tener los recursos necesarios para abordar otros retos. «El valor del acuerdo es enorme, porque sienta un precedente. Supone un antes y un después para el reconocimiento de nuestra arquitectura institucional y para nuestro sistema de financiación, el Concierto Económico, que es la clave de bóveda de nuestro autogobierno», ha agregado.
SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES
Asimismo, Azpiazu ha destacado que el anuncio del Gobierno central de la suspensión de las reglas fiscales por parte de Europa, sigue la estela que desde el inicio de la pandemia ha mantenido, ya que «siempre ha declarado su intención de huir de la austeridad y ha abogado por flexibilizar el gasto público».
El consejero ha explicado que, aun suspendidas las reglas fiscales para 2020-2021, se van a establecer una tasas de referencia sobre parámetros fiscales y un techo de gasto, ya que «Europa así lo exige». «Lo que hasta ahora conocíamos como déficit, ahora son tasas de referencia. Nuestro acuerdo blinda nuestros parámetros en el foro donde debe hacerse, la Comisión Mixta del Concierto Económico», ha considerado.
Azpiazu ha apuntado que el hecho de que no haya reglas fiscales estos dos años, no implica que no deba de haber responsabilidad fiscal, ya que posteriormente habrá que recuperar la senda de estabilidad presupuestaria. «Las diputaciones forales tendrán identidad propia en esa futura senda de 2022 gracias a este acuerdo, con capacidad de déficit y deuda propia», ha agregado.
El consejero vasco ha señalado que la suspensión de las reglas fiscales permitirá manejar estos márgenes «con más flexibilidad, lo cual beneficiará a toda la sociedad vasca».
Azpiazu, que ha recordado que queda pendiente la celebración del Consejo Vasco de Finanzas el próximo 15 de octubre, en el que se cerrarán las aportaciones, ha expuesto que en la reunión también se han acordado otros puntos relativos a los cupos líquidos (1.343 millones en 2019 y 1.352,2 provisionales en 2020) y compensaciones financieras por impuestos especiales definitivas de 2019 (74,2 millones) y sus importes provisionales para 2020 (86,6 millones).
Además, se ha establecido la Financiación definitiva que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2018 y 2019, y la financiación provisional 2020, por participación del coste asociado a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, empleo y la formación profesional (180,7 millones en 2018, 178 millones en 2019 y 271,1 millones en 2020).
El consejero cree que este margen adicional puede compensar «una parte muy importante» de la caída de ingresos que puedan sufrir las haciendas forales por la pandemia. De esa forma, confía en que las instituciones vascas puedan disponer de una suficiencia financiera «cercana» a la que tendrían de no haberse producido esta crisis.
Además, ha destacado que la vigencia del acuerdo no se limita a este año y al próximo, de forma que las diputaciones mantendrán en el futuro su propia capacidad de déficit. Azpiazu también ha dicho que existe una cierta «flexibilidad» respecto a las tasas de referencia previstas, aunque ha subrayado que tratará de «cumplir» con las mismas.
Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha coincidido con Azpiazu en subrayar que éste es un acuerdo «histórico», que reconoce la «singularidad foral» y que «despeja dudas y aporta certidumbres y solvencia» para dar respuesta a la crisis del coronavirus.
El margen adicional de endeudamiento que aporta este acuerdo ayudará –según ha dicho– a compensar la caída de ingresos motivada por la crisis, a aumentar la financiación de las entidades locales y a elaborar unos presupuestos «sin recortes». Por todo ello, ha subrayado que el pacto supone un «salto cualitativo» en las relaciones entre las instituciones vascas y el Gobierno central.
El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha aseverado que el acuerdo «refuerza la singularidad foral» y ayudará «muchísimo» a reparar la «herida» causada por la pandemia en las arcas públicas.
Rementeria ha cifrado en 300 millones de euros adicionales el impacto que tendrá el pacto para Bizkaia en 2020, una cifra que en el caso de Álava será de 90 millones y en el de Gipuzkoa, de unos 200 millones. El diputado general ha manifestado que este margen adicional va a «ayudar a todos», incluidos a los ayuntamientos, con los que ha anunciado que la Diputación pretende «compartir» parte de su nueva capacidad de endeudamiento.
Por parte de Gipuzkoa, su diputado foral de Hacienda, Jabier Larrañaga, ha subrayado que éste es un «buen acuerdo» que permitirá a las instituciones vascas «gestionar su propia solvencia».
Larrañaga ha anunciado que el Gobierno foral destinará los recursos añadidos que pueda obtener gracias a este nuevo límite de deuda a áreas «prioritarias», como la promoción económica y las políticas sociales.
