El procurador del PSOE por Soria, Ángel Hernández, ha señalado este lunes que el informe sobre la situación de las residencias publicado por la Consejería de Familia de la Junta no aclara qué sucedió realmente durante los peores momentos de la pandemia.
Hernández explica que dicho informe apunta a las residencias de Soria y Segovia como las más afectadas, con el 69% de las mismas afectadas por el coronavirus. El procurador ha lamentado que el informe no recoge qué medidas se tomaron. También asegura que de los 35 centros de la provincia afectados, en dos de ellos no hubo inspección alguna.
Además, y gracias a este informe, el procurador asegura que se ha conocido que los equipos COVID de la Junta estaban formados por cinco profesionales, médicos y enfermeros, derivados de Atención Primaria, «lo que pone de manifiesto que se quitaron médicos de Primaria en lugar de realizar contrataciones. La Consejería pone sobre la mesa falta de transparencia y datos concretos».
Nuria Rubio, coordinadora del área de Familia e Igualdad de Oportunidades del partido en las Cortes, apunta a que el informe de la Consejería se ha entregado porque «se le ha obligado debido a la presión social y a los grupos parlamentarios». Además, señala que hay errores que demuestran que se ha hecho «deprisa y corriendo. El informe carece información de la empresa privada porque siempre se ponen del lado de los mismos. La mortalidad ha sido mayor que en las públicas y lo justifican por el tamaño y la localización».
Los socialistas entienden que las inspecciones son necesarias para saber si todos los centros están cumpliendo y si lo hacían antes de la pandemia, y consideran que se ocultaba información sobre las inspecciones realizadas realmente. Rubio ha lamentado que «este no es el informe que pedía la sociedad ya que no explica lo ocurrido para poder ponerle remedio ni cumple con el pacto de la reconstrucción». Además, el PSOE pide un refuerzo de personal, para tener garantías ante la segunda ola.
Isabel Gonzalo, portavoz socialista en las Cortes en la materia, ha denunciado que solo hay cuatro inspectores con poder sancionador en la Comunidad, un número que considera insuficiente en un territorio con más de 1.000 residencias.
