La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha asegurado que Castilla y León no cerró antes las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad porque «nadie avisó de las consecuencias» de la pandemia del coronavirus cuyas dimensiones, ha reconocido, eran desconocidas por todos los ámbitos.
Este es uno de los mensajes que ha trasladado Blanco en su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en la que ha presentado el ‘Informe sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León’ elaborado por su departamento en cumplimiento del Pacto por la Recuperación de la Comunidad que fijó el mes de septiembre como fecha límite para trasladar el informe a la Cámara –se hizo el día 30– para su posterior debate que, según ha significado, se ha llevado a cabo desde el respeto por parte de todos los intervinientes.
Blanco ha vuelto a reconocer que, según las conclusiones del informe, habría sido conveniente haber cerrado todos estos centros antes del 13 de marzo, cuando se hizo, ya que el virus había entrado a las residencias a principios del mes de marzo. Dicho esto, ha defendido que Castilla y León fue una de las primeras comunidades en cerrar los centros, en concreto, un día después de Cataluña.
«Es fácil analizar los datos a 9 de octubre, hay que estar en el 12 y el 13 de marzo en la situación en la que estábamos todos –en referencia al Gobierno de la nación, las comunidades, los ayuntamientos y los propios centros–«, ha justificado la consejera que ha evidenciado el «desconocimiento» que había entonces respecto al coronavirus y a sus efectos.
A modo de ejemplo, ha explicado que mientras que ahora se apuesta por abrir las ventanas para eliminar el virus la recomendación en marzo era «precisamente lo contrario» y consistía en permanecer dentro y no ventilar los espacios.
Blanco ha aprovechado su intervención en las Cortes para poner sobre la mesa el actual debate para conseguir un equilibrio entre la salud de las personas que residen en estos centros y el deterioro físico y cognitivo que pueden sufrir por falta de contacto con el exterior.
«Se ha trabajado muy duro, se han puesto en marcha muchas medidas que están funcionando», ha concluido la consejera quien se ha mostrado convencida de que habrá que adoptar más y de que habrá que seguir trabajando porque ya se está sufriendo la segunda ola en la que, según ha asegurado, la incidencia de la enfermedad en las residencias está siendo menor en comparación con la población, si bien se ha comprometido a trabajar para que «sea mínima».
«Yo he hecho autocrítica y en ningún momento he rehuido la responsabilidad que tengo», ha asegurado en respuesta a Podemos para recordar que la autoridad competente durante el estado de alarma era el Gobierno por lo que ha apelado en todo momento a la corresponsabilidad entre el Ejecutivo, que dictaba las órdenes, y la Junta que las acataba, las cumplía y las gestionaba. También ha criticado la falta de datos por parte de algunas comunidades autónomas cuando, según ha asegurado, las residencias de Castilla y León se vieron afectadas por los movimientos.
Respecto a las críticas de la oposición por falta de datos de los centros privados ha garantizado que el «único objetivo» de su departamento ha sido «informar en tiempo real». «La parte que no hemos contado ha sido porque no los podemos dar», ha aseverado y ha explicado que, aunque primero se dieron datos de todos los centros, se dejó hacer en cumplimiento de un informe de los Servicios Jurídicos de la Junta ratificado por la Abogacía del Estado y por el Ministerio de Servicios Sociales y con autorización de la Agencia de Protección de Datos.
«Les aseguro que si una instancia superior me dice que facilite los datos no tengo ningún interés en no facilitarlos», ha afirmado la consejera que a renglón seguido ha recordado a los grupos: «Los informes jurídicos nos guste o no nos guste están para cumplirlos».
El informe, que realiza un «análisis muy detallado del sector residencial, como no se había hecho hasta ahora», sitúa a Castilla y León como una de las comunidades con mayor riesgo de que el impacto del COVID en los centros residenciales fuera «muy superior» al resto por criterios como la movilidad interna, las plazas residenciales, la movilidad con Madrid y País Vasco y la incidencia de la enfermedad entre el personal, «el primero que cayó enfermo», lo que llevó al Gobierno a flexibilizar los criterios de contratación y ratios, como se ha planteado de nuevo, ha anunciado. «Que no les quepa duda que vamos a apoyar esas propuestas», ha aseverado.
El informe, que abarca un periodo entre el 14 de marzo y el 15 de septiembre, concluye que al menos un 80 por ciento de los centros de Castilla y León fue contagiado en el mes de marzo, la mayoría de ellos antes del día 23. De hecho, en esos centros se concentra el 92 por ciento de las personas contagiadas y el 94 por ciento de fallecimientos.
Este informe cifra en 2.598 los fallecidos COVID entre los residentes de centros de Castilla y León, incluidos los casos con sintomatología compatible, lo que supone el 67 por ciento del total de los muertos en la Comunidad. Los primeros fallecidos por esta enfermedad son del 13 de marzo y la mayor parte de los decesos, el 95 por ciento, se concentró entre el 19 de marzo y el 8 de mayo.
Otras de las conclusiones son que la prevelancia de enfermedades previas es «muy elevada» y que la mitad de los muertos tenían «gran dependencia» y otro 20 por ciento eran dependientes severos. Esto deja una letalidad por COVID del 18,2 por ciento si se computan sólo los casos confirmados y del 27,9 por ciento si se añaden los casos con sintomatología compatible y basa directamente las diferencias entre centros en la fecha de identificación del primer contagio y la proporción de residencias con gran dependencia.
Por su parte, la morbilidad fue del 18,9 por ciento, 8.088 contagiados respecto al total de residentes (42.859), con una «relación directa» de la probabilidad de contagio de los centros con la provincia y el tamaño de los mismos. Así, los ubicados en Segovia y en Soria y los de más de 100 plazas fueron los que tenían una mayor probabilidad de ser contagiados, lo que explica las «muy notables» diferencias de morbilidad entre provincias, con un 8,3 por ciento en Palencia y Zamora, o el 34,2 por ciento de Soria y el 36,6 por ciento de Segovia –21,0 por ciento en Valladolid; 20,6 por ciento en Ávila; 18,1 por ciento en Burgos; 18,0 por ciento en Salamanca; 17,1 por ciento en León–.
«Los centros grandes tienen mayores tasas de morbilidad, el 28,4 por ciento, que los medianos y pequeños, entre el 6,7 y el 18,8 por ciento, probablemente porque en aquellos, por el número de trabajadores y de visitas, se producen muchos más contactos con el exterior y se sitúan principalmente en las ciudades y su entorno, donde la pandemia ha tenido más impacto», argumenta este informe que descarta diferencias por titularidad pública o privada.
Blanco se ha comprometido a reforzar el servicio de inspección para lo que este verano se ha contratado a nueve nuevos inspectores y ha ratificado en la Comisión que Familia ha intervenido seis centros y en cinco se ha trasladado a residencias a otras residencias.
Desde que comenzó la epimedia y hasta el 30 de junio se realizaron 4.969 derivaciones hospitalarias desde residencias de personas mayores, la mayor parte en León (963), seguida de Valladolid (831), Burgos (664), Salamanca (660), Segovia (419), Palencia (405), Zamora (358), Ávila (381) y Soria (288). «Hemos sido la primera comunidad en el cribado de residencias de ancianos», ha significado para precisar que a fecha de 28 de mayo estaban testadas el 99 por ciento de las residencias, el 99 por ciento de los residentes y el 95 por ciento de los trabajadores.
