El Gobierno admite que impulsarla desde el Congreso puede agilizar el trámite

La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que la reforma impulsada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos para reformar el sistema de elección, y rebajar la mayoría necesaria de tres quintos para evitar el «bloqueo» del PP, contará con todas las «garantías jurídicas».

Montero no ha querido ofrecer más detalles sobre esa reforma, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, argumentado que se trata de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno. No obstante, sí ha reconocido que el hecho de que se haya presentado como proposición de ley directamente en la Cámara Baja «probablemente pueda aportar una mayor agilidad».

SIN NECESIDAD DE PEDIR INFORMES DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso esa reforma evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros.

Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.

Preguntada sobre si el Gobierno ha querido evitar tener que pedir esos informes al optar por este procedimiento, Montero se ha limitado defender que la iniciativa legislativa no solo corresponde al Ejecutivo sino también a los grupos parlamentarios y que, en este caso, han sido ellos los que la han ejercido, para reformar la ley orgánica del poder judicial.

«Ambas cuestiones son igualmente legítimas y democráticas. En este caso le ha correspondido a los grupos políticos que en el día de hoy han anunciado esta iniciativa, al igual que el PP anuncia otras medidas que se desarrollan y se discuten en el seno del legislativo», ha apostillado.

NIEGA «INTENCIONALIDAD» AL LLEVARLA AL CONGRESO DIRECTAMENTE

Así, ha negado que esta decisión tenga «ninguna voluntad ni intencionalidad» aunque, eso sí, ha admitido que «probablemente pueda aportar una mayor agilidad» que se tramite desde el Congreso. «Pero desde luego el Gobierno ni ha debatido acerca de esta cuestión, ni tienen ningún interés en que sean los grupos los que presenten de una u otra forma esta iniciativa», ha ahondado.

A pesar de que el fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que avanzó hace menos de dos semanas que iban a trabajar en esta reforma para sortear el «bloqueo» del PP, Montero ha insistido este martes en varias ocasiones en desvincular al Ejecutivo de la citada iniciativa presentada por los portavoces del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente.

«La iniciativa que hemos conocido corresponde a los grupos, en el marco del contexto legislativo, y por tanto les corresponde a ellos explicar y transmitir el por qué han puesto encima de la mesa esta iniciativa», ha asegurado.

La propia Montero afirmó la semana pasada que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en esta reforma junto al Grupo Socialista, y que se encontraban en una fase de «conversaciones discretas» con el resto de partidos. También aseguró que la reforma se haría «tras un estudio pausado, mucho debate y mucho diálogo, y con todo el consenso posible», sin «tomar decisiones precipitadas».

En todo caso, aunque ha desvinculado al Gobierno, Montero ha querido dejar claro que no tienen «ninguna inquietud» respecto a que cualquier iniciativa que presenten el PSOE y Unidas Podemos «contará con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo.

A este respecto, ha criticado que el PP ya haya anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. «Me parece una sin razón que digan públicamente que se niegan a cumplir el mandato constitucional y cuando determinados grupos de la cámara buscan fórmulas para salir de la situación de bloqueo, anuncien sin conocer el texto un recurso ante el TC», ha denunciado.

«Si lo que pretende es que se cumpla la Constitución, no interponga recursos, desbloquee usted», ha espetado Montero al líder del PP, Pablo Casado, antes de pedirle que «salga» de su «incoherencia» y «arrime el hombro».

«FLACO FAVOR» DE AYUSO AL PODER JUDICIAL

A este respecto, ha avisado de que el PP le está haciendo un «flaco favor» a instituciones como el CGPJ con declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que «la Justicia, Madrid y el Rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás», como aseguró en una entrevista en El Mundo.

«No vamos a permitir que se deslegitimen las instituciones, ya sea porque no se renueven, o porque hagan un uso patrimonialista o partidista de ellas», ha avisado la portavoz, tras señalar que la frase de Ayuso es «suficientemente grave» como para entender «lo que hay».

Montero ha justificado de este modo la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, afirmando que el PP «no iba a permitir que se renovara el CGPJ, «mientras este Gobierno siguiera siendo este Gobierno».

«Durante toda la legislatura no hay ninguna actitud ni intención por parte del PP de cumplir con su objetivo constitucional, ejerciendo una suerte de insumisión y rebeldía que no se entiende», ha recalcado. «Por tanto, nuestro compromiso sigue siendo firme en la renovación de estas instituciones», ha apostillado.