La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encomendado al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, la elaboración del informe que le ha pedido la Sala de lo Penal de este órgano sobre si procede abrir o no causa al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y otras personas por tres delitos relacionados con la denominada pieza ‘Dina’ del caso «Villarejo».
El encargo es el habitual en causas relativas a aforados, han señalado a Europa Press fuentes fiscales, lo que no quiere decir que sea Navajas el único firmante del documento, pues lo habitual en casos complejos o de determinada relevancia es que el teniente fiscal consulte con otros fiscales del alto tribunal, lo que ocurrirá también en esa ocasión.
Se trata del segundo asunto de relevancia política que Delgado encarga a Navajas en las últimas semanas de su carrera, pues tiene previsto jubilarse a mediados del próximo mes de diciembre.
Ya fue muy polémico su último informe, que también elaboró en equipo, por el que instó la inadmisión de una veintena de querellas presentadas contra miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del covid-19. En un extenso informe cuyos razonamientos resultaron muy polémicos, Navajas concluía que no encontraba indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.
SIN JUNTA DE FISCALES
En dicha ocasión no se convocó la Junta de Fiscales de Sala para tratar el tema de las querellas por el covid –lo que fue criticado desde ciertos sectores de la Carrera– y tampoco parece que en esta ocasión se convoque a este cónclave consultivo, que reúne a los fiscales de mayor rango.
La designación de Navajas para este asunto crea también recelos en algunos sectores tras las polémicas manifestaciones que realizó hace unas semanas este hasta ahora discreto fiscal, quien a cuenta de su informe sobre el covid señaló que si no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 20 querellas por la gestión de la pandemia fue porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales «contaminados políticamente», entre los que ha mencionó expresamente a la exfiscal general del Estado actualmente en el Supremo Consuelo Madrigal.
A ello se une la mención critica que Navajas realizó en dichas entrevistas a uno de los fiscales del caso ‘Tándem’, Ignacio Stampa, a cuenta de determinadas conversaciones de WhatsApp en el grupo de abogados de Podemos en los que se menciona al este fiscal por parte de Marta Flor, que es la letrada que defiende a la exasesora de Iglesias Dina Bousselham en el caso que se investiga en la Audiencia Nacional. De Stampa Navajas señaló que su actuación al respecto fue «escandalosa» y debería haber sido apartado.
DUDAS DE ANTICORRUPCIÓN
La cuestión es que Stampa y su compañero en Anticorrupción Miguel Serrano, si bien solicitaron que el vicepresidente dejara de ser parte perjudicada en la pieza que investigan sobre el robo de los datos del móvil de Bousselham, también expresaron sus dudas en relación a dos de los tres delitos atribuidos por el juez a Iglesias. Estas dudas pueden ser reproducidas en el informe que Navajas haga llegar a la Sala en los próximos días.
Se trata de los delitos de revelación de secretos y el de daños informáticos, conductas que en función de la modalidad en la que se acuse requieren la denuncia de la persona afectada, lo que no se da en este caso porque la exasesora manifestó por escrito al juez que perdonaba a Iglesias por lo ocurrido y no pretendía acusarle.
Pese a que los Fiscalíes solicitaron al Manuel García-Castellón que llamara a declarar a Bousselham para aclarar estos extermos, el juez ha elevado su exposición razonada al Supremo sin realizar antes esta citación, lo que puede causar problemas al recorrido del asunto en el alto tribunal.
Por el momento, y además de remitir el asunto a la Fiscalía, la Sala de lo Penal ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo del Arco. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
Coincide que cuatro de estos magistrados juzgaron el proceso independentista de Cataluña, y otro fue el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás. Ahora decidirán si investigan al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en relación al robo de la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía.
Además de los dos delitos señalados, García Castellón atribuye también a Iglesias simulación del delito, por presentar la desaparición del teléfono de la asesora «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario en prisión José Manuel Villarejo, «en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos» y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
