La Comisión Europea ha publicado este miércoles su evaluación del plan climático y energético de España, en la que concluye que ha atajado en gran medida todas las deficiencias que habían identificado las autoridades comunitarias en el borrador anterior pero también identifica margen de mejora en renovables, eficiencia energética, investigación e innovación, cooperación regional, subsidios y transición justa.
La principal conclusión es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno envió a Bruselas a finales de marzo aborda «ampliamente» todas las sugerencias de mejora, pero sólo resuelve «parcialmente» una serie de cuestiones dentro de los capítulos anteriores.
Por ejemplo, en el capítulo de descarbonización e impulso de las renovables, el informe destaca que el plan definitivo es «más sólido y detallado» que el borrador, así como que se han fijado metas intermedias generales para 2022 y 2027, pero no incluye objetivos específicos para cada sector económico.
Con respecto a eficiencia energética, Bruselas considera que España ha planteado medidas que garantizarán el cumplimiento del objetivo de ahorro energético, pero echa en falta más detalles en relación al impacto que tendrán estas acciones sobre el consumo, así como información detallada sobre dichas iniciativas.
El Ejecutivo comunitario subraya que el PNIEC español identifica correctamente los objetivos en Investigación y Desarrollo, pero «sin un calendario específico ni objetivos cuantificables». Además, el plan incluye medidas de apoyo para una parte «importante» de los objetivos establecidos, pero «todavía no queda aclarado el calendario o los mecanismos de financiación de muchos de ellos».
En el apartado de cooperación, Bruselas valora la mayor concreción sobre proyectos entre regiones y con países vecinos (Francia y Portugal). Sin embargo, en el primer caso no ve un «foco específico» en las energías renovables y la eficiencia energética».
España también ha resuelto ampliamente las deficiencias en el capítulo de subsidos energéticos con una «significativa actualización» con respecto al borrador. En concreto, celebra los detalles para la retirada gradual de muchos de ellos, pero apunta que «las actuaciones y los planes para el resto (combustibles fósiles) parecen no estar presentes».
Por último, señala que el apartado sobre transición justa el PNIEC «sólo incluye una actualización de las cifras ya mencionadas en el borrador» sobre el impacto de las medidas previstas, que «únicamente se centran en los trabajadores afectados del sector de la minería del carbón y las centrales de carbón».
No obstante, más allá de estas cuestiones resueltas «parcialmente», el informe de la Comisión Europea destaca que se han atajado «totalmente» o «ampliamente» otras recomendaciones específicas sobre los capítulos anteriores y también con respecto a seguridad energética y mercado interior.
SUGERENCIAS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN
El Ejecutivo comunitario ha aprovechado el informe sobre el plan climático y energético de cada país para lanzar una serie de recomendaciones sobre el uso de las ayudas procedentes del fondo europeo de recuperación en el ámbito climático.
En el caso de España, Bruselas sugiere al Gobierno impulsar la rehabilitación de edificios y extender en este ámbito el uso de energías renovables, en especial en la calefacción y refrigeración de los mismos. También recomienda adoptar medidas para «fortalecer expandir» la transmisión y distribución de energía, con una atención especial en las interconexiones eléctricas con países vecinos.
De la misma forma, la Comisión Europea cree que España debería canalizar las ayudas europeas para impulsar un transporte más sostenible. En este aspecto, apuesta por mejorar la infraestructura nacional de eléctrica y empujar hacia una transición del transporte de mercancías desde la carretera a la red ferroviaria.
Por último, el Ejecutivo comunitario pide acciones para extender la economía circular, mejorar la gestión del agua, prevenir potenciales inundaciones y avanzar en la reutilización de aguas.
Para llevar a cabo todas estas acciones, España cuenta con unos 59.000 millones de euros en ayudas no reembolsables del fondo de recuperación, así como con 790 millones del Fondo de Transición Justa para los próximos siete años, 35.400 millones de la Política de Cohesión y 42.000 millones de la Política Agrícola Común (PAC).
