El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado este miércoles que «la Universidad debe mantener la neutralidad política con respecto a partidos políticos o gobiernos, es decir, a actores políticos», y, al mismo tiempo, «debe afirmar valores éticos fundamentales manteniendo la tolerancia y la pluralidad en el espacio de libertad que forma parte de la esencia» de la institución.
Así lo ha explicado en una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad institucional de las Universidades en Cataluña.
En concreto, la portavoz de Educación de Ciudadanos, la diputada Marta Martín, se referido a la sentencia dictada por el Juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona, que anula la aprobación, por parte del claustro de la Universidad de Barcelona (UB), de un manifiesto de apoyo a los condenados por el proceso independentista de 2017.
Martín ha destacado que «el caso de la Universidad de Barcelona no es anecdótico» y ha recordado que el Juzgado Contencioso Administrativo 7 de Barcelona sentenció que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) había vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes de Joves de Societat Civil Catalana de la UAB (Joves SCC-UAB) y obligó al centro universitario a inscribir a esta agrupación en el directorio de colectivos del Campus de Bellaterra.
«¿Cree usted tolerable que se coarte de esta manera el derecho a la educación de quienes opinan diferente?», ha planteado Martín al ministro, a quien ha instado a «desplegar todos los mecanismos de la Inspección» para que las universidades sean «espacios de diálogo y de confrontación, y no engaños».
El titular de la cartera de Universidades ha comenzado su intervención poniendo de manifiesto que esta cuestión es «compleja» y tiene que ser tratada «con la máxima tolerancia, precisamente siguiendo el principio universitario».
En este sentido, Castells ha afirmado que el Gobierno acata los sentencias judiciales «y no las comenta ni las discute. En este caso, el ministro ha añadido que se trata de una sentencia «única y no firme, que anula un acto singular porque, en opinión del órgano jurisdiccional, no es conforme al ordenamiento». Además, ha apuntado que corresponde a la UB si procede o no recurrir y cumplir el fallo.
«El Gobierno, en cumplimiento del principio de división de poderes, no interviene en las decisiones de los órganos jurisdiccionales que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado», ha comentado Castells, para después agregar que la rendición de cuentas de los actos administrativos de las universidades catalanas se produce respecto de la comunidad autónoma correspondiente, es decir, la Generalitat de Cataluña.
NO INTERVIENE EN EL PROCESO EDUCATIVO UNIVERSITARIO
De este modo, el ministro ha indicado que el Ejecutivo «garantiza la neutralidad política de las enseñanzas universitarias» y «no interviene en el proceso educativo universitario, como sucede en cualquier sistema democrático en el que se garantiza la libertad de cátedra y la autonomía universitaria».
No obstante, el titular de Universidades ha asegurado que, «para temas de orden general y ético», tienen y deben tener «libertad» para hacer pronunciamientos. Así, ha detallado que estas instituciones «expresan con mucha frecuencia posicionamientos de orden político, social, económico, cultural, legal, distintos de la toma de posición partidista».
Castells ha argumentado que «una larga tradición» nacional e internacional establece que las universidades, como institución, «defienden valores éticos y principios universales» como la paz o el respeto de los Derechos Humanos.
También ha subrayado que ha habido «múltiples» tomas de posición de las universidades españolas en los últimos años, como el rechazo de la Crue en 2003 a la invasión de Iraq, en la que participaba el Gobierno español de entonces. «Es una implicación directamente política, pero que se hace en nombre de valores éticos universales», ha remachado.
«La decisión a cerca de cuándo esas posiciones cruzan la línea roja de neutralidad, tal como la ha entendido el Tribunal Constitucional, no es algo que pueda establecerse a priori. Tal pretensión supondría instaurar un sistema de censura previa gubernamental para las decisiones dotadas de un órgano de autonomía constitucional», ha afirmado.
De esta forma, Castells ha dicho que si el Ejecutivo «pretendiera establecer motu proprio donde está ese límite para la neutralidad estaría actuando de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima en un sistema democrático».
En el turno de réplica, la portavoz de Educación de Ciudadanos ha preguntado que hace Castells siendo ministro si «no puede hacer nada para garantizar la neutralidad ideológica de las universidades» porque depende de la institución o de la comunidad autónoma.
Además, ha defendido que la libertad de expresión «no es colectiva» sino que los sujetos de este derecho son los docentes, los alumnos y el personal de administración y servicios. «¡Basta ya de inhibirse! ¡Basta ya de fingir que no hay ningún problema!», ha espetado la diputada, que ha acusado al Gobierno de estar no estar protegiendo a «todos» los alumnos y a los docentes.
«Lo único que no voy a ser es censor de la libertad de expresión de nadie y aseguraré, con todos los medios legales al alcance de nuestro Gobierno, la libre expresión de todas las opiniones en un espacio de tolerancia en el conjunto de la universidad», ha respondido Castells.
Finalmente, el ministro ha concluido que las Universidades «no deben ni pueden expresar un apoyo explícito a partidos políticos de ningún gobierno». «Esa es la neutralidad política, no otra. No es la indiferencia ante lo que pasa en el mundo o ante Derechos Humanos percibidos como abusados, percibidos, no digo que sean. Eso sería reducir la universidad a una especie de burocracia expedidora de títulos y eso no va a ser bajo mi Ministerio», ha concluido.
