El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende que le salgan las cuentas de un modo u otro. Él tiene claro que acabará la legislatura pase lo que pase, aunque para ello tenga que dar los golpes institucionales que considere. Tanto el PSOE como Unidas Podemos han presentado un proyecto con el que se pretenden renovar el Consejo General del Poder Judicial con tan solo una mayoría absoluta, y no una de tres quintos del Congreso y del Senado, como hasta ahora. Esto permitirá que la cúpula del CGPJ la elijan la mayoría de la moción de censura, es decir, que el Consejo lo elegirán vocales nombrados por ERC, EH Bildu, PNV, Unidas Podemos y el PSOE.
Esta medida no gusta a los jueces, pero tampoco gusta al propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a pesar de que haya tenido que tragar por la disciplina de partido. Se considera un golpe institucional porque permite que el poder Ejecutivo controle la cúpula del judicial, sin más. Es decir, que prácticamente, y con intención de revolver en su tumba a Montesquieu, quien gobierne será quien elija al presidente del Tribunal Supremo llegando a acuerdos con los mismos que le han llevado a La Moncloa.
Muchos en Unidas Podemos y en el PSOE aseguran que esto ya es así, pero no del todo. Lo cierto es que los tres quintos de mayoría exigibles garantizan que el partido mayoritario que gobierna se tiene que poner de acuerdo con el líder de la oposición, de tal forma que nunca el Ejecutivo controla en su totalidad las decisiones que se toman en la cúpula del Consejo General. Pero ahora, parece que esto va a cambiar y que Sánchez tendrá una cómoda legislatura con Presupuestos, un CGPJ afín y todos sus caprichos gracias a las concesiones que le dará a los nacionalistas e independentistas.
Ahora, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, tendrá que ponerse de acuerdo con el PNV y con EH Bildu para, en proporción, elegir a sus vocales. La formación morada también podrá elegir varios vocales en medio de un contexto judicial adverso para el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Y Sánchez pondrá el resto. Incluido probablemente el presidente del Supremo. Algo que ha levantado más de un sarpullido en el CGPJ y entre cualquier juez que se precie.
En el otro lado de la balanza (y para pesadilla de Campo) está el relajado Partido Popular. Su oposición frontal a llegar a un acuerdo con Sánchez para renovar el Consejo ha llevado al líder socialista a dar otro golpe institucional que desde Ferraz consideran incómodo, innecesario y evitable. El PP parece haber forzado esta situación, ya sea por su falta de lealtad o porque forma parte de una estrategia. Pero en cualquier caso, Bildu y ERC serán clave también para la renovación del CGPJ.
Otro detalle por el que Sánchez hubiera preferido evitar esta situación es por la posible imputación de Iglesias. Los enfrentamientos entre Unidas Podemos y el Consejo han sido recurrentes desde que la formación morada está en el poder y que ahora este partido haya metido mano directamente en el CGPJ ha incomodado profundamente a los jueces. Pero todo da igual si se trata de asegurar la supervivencia de Sánchez durante esta legislatura.
A pocos les ha sorprendido este paso de Sánchez. El presidente no tiene problemas en apartar de un plumazo todo aquello que se interponga en su camino, aunque para ello tenga que intervenir en la elección de los jueces y atentar (más) contra la separación de poderes. De hecho, para conseguir y garantizarse el apoyo de los nacionalistas, el Gobierno no ha tenido ningún problema en tramitar los indultos a los líderes presos del procés, poner sobre la mesa la celebración de un referéndum para la independencia o acercar presos de ETA a prisiones vascas para que estén junto a sus familias.
