El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, tomará declaración en calidad de testigos este viernes a partir de las 10.00 a dos directivos del Grupo Día en el marco de la investigación que lleva a cabo sobre la presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del grupo.
Se trata de Etienne Coste De Bagneaux, quien fue el director de Gestión de Control del Grupo Dia hasta su despido el 19 de julio de 2019, y Fernando Trasobares De Dios, presidente no ejecutivo de DWT y Director de Alianzas Internacionales de Grupo Dia.
Dado que las comparecencias de los nuevos investigados se han suspendido ‘sine die’, el magistrado sigue adelante tomando declaración a testigos. Tras estos dos, será el turno el 19 de octubre de Concepción Bravo Cabanillas, que fue directora de Recursos Humanos del grupo Dia, y Julio León de la Torre, director comercial de Codan y proveedor del grupo de supermercados.
El martes 20 de octubre a las 10.00 horas se mantiene la citación testifical de Juan Gutart, director comercial de Font Salem, y de Javier Pérez Díez, en tanto director Comercial de Dulces y Conservas Helios. A ambos se les cita para analizar la relación de Dia con los proveedores para negociar descuentos comerciales
Ya el 21 de octubre, el juez escuchará también a las 10:00 horas a Antón Saracibar, director comercial de Industria Jabonera Lina, y a Joaquín Jiménez Mazuela, trabajador de la empresa Juver.
PRINCIPALES INVESTIGADOS
Cabe recordar que en esta causa los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón. Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, «Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo» en este balance, «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión».
Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, al que también ha tenido acceso Europa Press, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron «al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían».
