Un estudio realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), en colaboración con el Ministerio de Igualdad, ha determinado que el 100% de las víctimas de esta lacra en el entorno rural han sufrido maltrato psicológico y un 78,2% lo han sufrido de carácter físico.
Estos datos, y el resto de los obtenidos en este trabajo, se han recogido tras 167 encuestas a mujeres, 333 a profesionales de atención y 23 entrevistas «en profundidad» a mujeres víctimas de la violencia machista de siete comunidades autónomas: Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Aragón y Andalucía.
El objetivo, tal y como ha explicado la secretaria de Estado en esta materia, Noelia Vera, es «detectar» el impacto de esta lacra en el mundo rural y cumplir con el mandato del Pacto de Estado de realizar un estudio en este sentido, y conocer el proceso de detección, protección y asesoramiento de las mujeres y víctimas en este entorno.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha precisado, además, que este estudio no hace comparaciones entre la mujer rural y la que vive en zonas urbanas, sino que muestra el perfil de esta lacra en los municipios pequeños.
20 AÑOS DE MEDIA EN LA RELACIÓN
A través de estos datos, se ha determinado que, tras la violencia psicológica y la física, hay una mayoría de mujeres que han sufrido violencia económica (en un 56,5%), seguida de la violencia sexual (39,1%) o ambiental (34,7%), esta última en referencia al clima que se respira en el entorno de la mujer.
Fademur también destaca que casi todas las mujeres que han sufrido estos malos tratos han permanecido en sus relaciones de pareja durante muchos años, en concreto, una media de 20 años.
Esto podría deberse, según han explicado la presidenta de Fademur, Teresa López, y la responsable del estudio, Marta Torres, a dos aspectos que también han detectado en el trabajo: la dificultad en la detección de lo que es la violencia de género y la falta de acceso a los servicios.
Así, Torres ha destacado que la mayoría de mujeres del mundo rural tienen el concepto de la violencia como algo «que ocurre dentro del hogar» y no como una violencia estructural que se produce contra la mujer por el hecho de serlo. De hecho, esta última descripción sólo la dan el 33,7% de las encuestadas cuando se les pide que definan la violencia de género; además de un 1,2% la define como «daño ejercido a una mujer por su condición».
EN SU MAYORÍA, DENTRO DEL HOGAR
En el resto de respuestas, la mayoría relaciona esta lacra con el daño físico o no lo vincula con la condición de ser mujer, sino con el ámbito de la pareja. Para las expertas, estos datos les hace suponer que existe «cierta confusión en el entendimiento del concepto de violencia de género».
Aún así, algo más de seis de cada diez mujeres del rural (61,3%) conocen a alguna víctima de esta violencia en su entorno; en la mayoría de los casos (el 56%) esta situación se ha producido «en el propio hogar» y las principales formas de violencia de estas víctimas ha sido la psicológica (en el 96,3% de los casos) y la física (en el 92,7%).
Preguntadas por los tipos de control psicológico que han padecido esas mujeres de su entorno, cabe destacar que 10 de estos tipos ha superado el 74% en las respuestas. Los más marcados son la «no valoración y menosprecio de la persona», el «lenguaje vejatorio y sexista» y las «amenazas y coacciones».
Entre los datos de esta encuesta también destaca que en el 95% de los casos el control hacia la víctima se produce a través de la manera de vestir y de la imagen; sobre el control de su empleo, en el 89,5% se produce con la prohibición de que trabaje o estudie; en el 94,4% de los casos la violencia física se produce con «golpes, empujones o palizas»; y en el 90,3% de los casos la violencia sexual se realiza con la obligación del mantenimiento de relaciones sexuales, entre otras formas de violencia que se analizan en este documento.
CONOCEN SOBRE TODO EL 016
El estudio, además, analiza cómo influyen las campañas institucionales en este entorno. Según los datos recogidos, casi ocho de cada diez encuestadas (78,9%) conoce estos mensajes. Sin embargo, el 83,3% «no» se identifica con ellas.
Sobre los motivos, la mayoría ha señalado que tienen la sensación de que están enfocadas hacia las mujeres que sufren violencia de género en su hogar, y no al total de la población para que se conciencie de que este es un problema de todos.
Así las respuestas dadas han sido: «No he sufrido violencia en el hogar» (29,55 %), «No me reconozco en las situaciones de las campañas» (9,09 %), «No llegan al medio rural» (13,64 %), «Pone el foco en el agresor, y no en la víctima» (4,55 %), «Las campañas sólo inciden en el tipo de violencia física, no en otras violencias» (9,09 %) o «No son útiles» (4,55 %).
En cuanto al conocimiento de los recursos existentes, las encuestadas indican en un 40% que conocen los derechos civiles que tienen las víctimas de violencia de género. Además, el teléfono de asesoramiento jurídico 016 es el recurso de atención más conocido, un 30,2% en primera respuesta, y un 14,55% en segunda respuesta.
La presidenta de Fademur ha recordado la lucha que realiza su federación para denunciar la situación de «especial vulnerabilidad» que sufren las víctimas de violencia en el entorno rural que se enfrenta a situaciones de «aislamiento», «soledad» o «dispersión de recursos», entre otras.
Es por ello, que desde Fademur reclaman la inclusión, de manera transversal y sistemática, en los currículos escolares los contenidos en igualdad, buen trato y prevención de la violencia en todas sus formas, y adaptar las campañas de sensibilización a la realidad de las mujeres rurales.
También llaman a lograr una atención integral a las víctimas de violencia de género; proporcionar una formación especializada de los profesionales sobre los recursos de proximidad, operadores jurídicos, administraciones locales y entidades privadas del mundo rural; realizar protocolos de colaboración interinstitucional entre los agentes sociales intervinientes en esta materia; seguir investigando en la violencia ejercida contra mujeres de menos de 25 años o mayores de 60, la ejercida contra menores, o las violencias invisibles, como las violencias sexuales o las cometidas contra colectivos especialmente vulnerables; y aumentar las partidas presupuestarias estatales y autonómicas para implementar políticas públicas específicas contra esta lacra.
