El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, considera que la actuación en el exterior de la Generalitat y de sus delegaciones está siendo «mayoritariamente razonable y adecuada» y asegura que «no ha habido actuaciones concretas o específicas muy reseñables» de manera que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, no ha tenido que «tomar medidas contundentes».
En una entrevista, ha afirmado que no le consta «ninguna actuación particular» de las delegaciones catalanas en el exterior que «requiera respuesta» como consecuencia de la instrucción que les dio el consejero catalán de Acción Exterior, Bernat Solé, que les pidió que denunciasen internacionalmente la inhabilitación judicial del ya ex presidente de la Generalitat Quim Torra.
A juicio de Muñiz, aquellas palabras de Solé fueron una «declaración de intenciones, aparentemente» pero no le consta que esa instrucción se haya traducido en acciones concretas por parte de las delegaciones.
En este contexto, ha afirmado que Exteriores no ha tenido motivos para no autorizar las tres nuevas delegaciones que ha creado la Generalitat, en Senegal, Japón y Australia. «Han solicitado un informe que se ha expedido como favorable en relación a competencias y actuaciones de las delegaciones y por lo tanto eso no nos ha supuesto un problema», ha zanjado.
Además, se ha mostrado convencido de que la Generalitat se ha dado por informada de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula parte del Plan de Acción Exterior de la Generalitat y que está «en un proceso de análisis de qué implica eso para sus actividades». A su juicio, «están dentro de los plazos razonables para dar acuse de recibo la sentencia».
En opinión de Muñiz, la Generalitat no da por hecho que la situación pueda continuar sin cambios. Eso sí, no cree que aplicar la sentencia quiera decir que se deban cerrar instituciones -como el consorcio Diplocat–, sino más bien adoptar la delimitación de competencias de la acción exterior de la Generalitat. Por eso, cree que la sentencia es «sana» y «positiva».
La sentencia lo que hace es que perimetra las competencias de la Generalitat en el ámbito exterior y establece unas líneas claras entre las nuestras, las competencias del Estado y del Gobierno central, y las de la Generalitat», ha detallado.
Ahora, corresponde a la Generalitat «tomar esa sentencia, interpretarla adecuadamente e implementarla» y por eso la ministra, Arancha González Laya, ha hecho lo que puede hacer, que es «ofrecerles diálogo y animarles a que la implementen en su totalidad, que es lo que tienen que hacer».
