El Gobierno no se plantea dejar de aplicar el impuesto a los servicios digitales que acaba de ser aprobado pese al fracaso en la OCDE para acordar una fiscalidad global, aunque se someterá a ese marco global en el momento en que se apruebe.
Así lo ha explicado, el secretario de Estado de España Global, que ha explicado que la pandemia de Covid «incrementa la urgencia» de este tipo de medida, porque se ha demostrado que una parte importante de la actividad se ha desplazado al espacio digital y España tiene «falta de tracción fiscal» en ese ámbito.
«Pero hasta que ese marco global exista nosotros nos reservamos el derecho, en base a nuestra soberanía fiscal, de gravar las actividades que se producen en nuestro territorio, incluidas las digitales», ha señalado.
Preguntado por las posibles represalias de Estados Unidos, que ha advertido reiteradamente a varios países europeos contra sus planes de gravar las actividades digitales, ha respondido que habrá que ver que sucede en las «conversaciones» con este país, pero que se trata, para España, «de una prioridad no menor» para construir una economía más equitativa.
La fiscalidad digital es solo un punto de la Estrategia sobre Tecnología y Orden Global que prepara el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación para principios de 2021, según ha explicado Muñiz.
Tendrá un capítulo sobre derechos y libertades en el ámbito digital, otro sobre seguridad, incluyendo ciberseguridad y inteligencia artificial y armas autónomas; geopolítica y tecnología; economía en la era digital incluyendo las normas de competencia, el acceso al talento, la fiscalidad y el acceso a los mercados. Un cuarto capítulo está dedicado a las ciencias de la vida y la salud y la biotecnología.
La estrategia abordará qué puede hacer España en estos ámbitos, como país y como miembro de la UE, con asuntos como completar el mercado digital común, mejorar la interconexión entre los nodos de conocimiento, de investigación y de transferencia tecnológica europeos, el establecimiento de una política industrial digital europea o que España pertenezca a las alianzas europeas de tecnología.
Este documento es, a su vez, paralelo a la nueva Estrategia de Acción Exterior para los próximos cuatro años que prepara el Ministerio de Exteriores, y que la ministra prevé presentar en el Congreso y en el Senado a finales de este periodo de sesiones o principios del próximo tras recabar sugerencias de todos los ministerios, las altas instituciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
La Estrategia tendrá un apartado sobre Covid y sus efectos, incluida la necesidad de un Plan de Acción de Salud Global e iniciativas de autonomía estratégica, a partir de los estudios que la Dirección General de Prospectiva y Estrategia hizo ya en marzo a raíz de la pandemia.
Su objetivo era «construir una política exterior algo anticipatoria» y entre sus hallazgos están el que la pandemia aumentaría la brecha social –y por eso en la desescalada se incluyeron medidas como el ingreso mínimo vital o la estrategia de compra de vacunas–, una crisis de movilidad, un acortamiento de las cadenas de producción –en parte por los problemas de movilidad– que ha despertado el debate sobre la llamada «autonomía estratégica» y una tensión en el sistema de gobernanza global.
En lo relativo a la autonomía estratégica, la conclusión es que, a medio plazo, los materiales estratégicos o críticos se produzcan en países más cercanos a la UE, incluso en territorio europeo.
A juicio de Muñiz, ahí puede haber una oportunidad importante para los países de la ribera sur del Mediterráneo, que podrían atraer capacidad de producción, y por tanto para España que, con una mejora de las infraestructuras –el puerto de Algeciras y otras en el sur del país– puede ser puerta de entrada para esas cadenas de producción.
Ahí entra en juego la diplomacia económica, que es, incluso desde antes de la pandemia, uno de los mandatos de España Global. Según explica, uno de los aspectos del plan de diplomacia económica ha sido tratar de mantener la movilidad, incluida la creación de una plataforma, ‘Conecta’, para informar a las empresas.
El Gobierno español, ha explicado además, ha insistido en que las fronteras exteriores de Schengen sigan abiertas para ciertas categorías de personas como los trabajadores altamente cualificados y los estudiantes internacionales.
El segundo aspecto es la internacionalización, junto al Ministerio de Comercio, que prevé que el Plan de Recuperación que se enviará a Bruselas tenga una partida importante de apoyo. La tercera ‘pata’ es el «talento y la ciudadanía española global», con el fin de maximizar la conexión con los españoles en el exterior y la atracción de talento internacional a España.
