El Gobierno garantiza que con la futura Ley de Memoria Democrática se podrán investigar delitos cometidos entre el inicio de la Guerra Civil, en julio de 1936, y la entrada en vigor de la Constitución, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978, pero no aclara si está en sus planes retocar la Ley de Amnistía de 1977, que hasta ahora han esgrimido los tribunales para frenar esas investigaciones que han intentado impulsar víctimas de la represión franquista.
El líder de Más País, Iñigo Errejón, preguntó al Gobierno si se van a garantizar los derechos de estas víctimas también en el ámbito de la Justicia para «dejar de incurrir en una violación de los Derechos Humanos por omisión» y si se va a modificar la Ley de Amnistía, dado que ahora impide que se investiguen «los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos ocurridos entre el inicio de la contienda y el 15 de junio de 1977».
En su respuesta, el Gobierno no menciona la Ley de Amnistía, y se limita a detallar a Errejón algunos de los puntos del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el pasado 15 de septiembre.
Esa norma, recalca el Gobierno, establece que el Estado «garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura, así como del periodo desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución.
A estos efectos, se creará una Fiscalía de Sala, a la que también se le atribuirán «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados», en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, con el objetivo de «lograr su debida identificación y localización».
Asimismo, se modificará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para atribuir a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, entre otras funciones, la de practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
El Ministerio Público también podrá «ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan cuando se refiera a hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura y las violaciones de Derechos Humanos».
En su escrito, el Ejecutivo recalca que se podrán pedir responsabilidades por hechos que tuvieron lugar «hasta la entrada en vigor de la Constitución, siempre que pudieran ser constitutivos de delito», y que se facultará a la Fiscalía a «facilitar o coordinar los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas».
Además, el Gobierno explica a Errejón que el Ministerio de Justicia tiene el compromiso de presentar para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de final de año la actualización del proceso penal, una nueva norma, llamada a sustituir a la vigente ley de enjuiciamiento criminal vigente de 1882, que tiene entre sus objetivos reforzar la actuación del Ministerio Fiscal.
En cualquier caso, el Gobierno recalca al líder de Más País que «la actuación de los órganos jurisdiccionales se limita a las atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico constitucional, conforme al principio de legalidad reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución» y que «el Gobierno respeta la independencia del Poder Judicial», consagrada en el artículo 117.
