La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, se ha unido al plante anunciado por las dos principales asociaciones de jueces – la Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)- y ha anunciado que no estarán presentes en la reunión virtual a la que habían sido convocados este lunes por el Ministerio de Justicia.
Se unen así a la respuesta que de forma casi mayoritaria se ha producido en ámbitos judiciales al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que el Gobierno pretende reducir la mayoría necesaria en el Parlamento para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018.
En la reunión en la que no estarán presentes iban a tratarse cuestiones relativas a la revisión de las medidas de los planes de choque en los órdenes social y mercantil derivadas de la crisis del coronavirus.
Sin embargo, los fiscales consideran que por encima de estas cuestiones técnicas está la de una reforma que afecta de lleno a la independencia judicial, incide en una mayor politización de la Justicia y pone en riesgo la división de poderes reconocida en la Constitución como pilar básico de nuestro Estado de Derecho».
Los fiscales de la AF, de corte conservador, afirman en su comunicado que son partidarios de colaborar con el Ministerio, «independientemente de su color político, en defensa de los intereses de los ciudadanos en general y de los Fiscales».
Añaden, no obstante, que «en los delicados momentos en los que estamos viviendo» entienden que «prima la defensa de los valores superiores que sustentan nuestra democracia» , por lo que ellos no pueden ser «cómplices de cambios legislativos apresurados y sin el debido consenso» y quedan a la espera de nuevas noticias del Ministerio para reanudar su colaboración.
La reforma ‘exprés’ para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada el pasado martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones -que lo califican de «inconstitucional»- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) que lo ven como alternativa al bloqueo actual.
