El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que incorpora la obligación de evaluar el impacto en la salud de la población en todas las políticas públicas.
Así, las memorias de impacto normativo de las futuras iniciativas (anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y todas las normas reglamentarias) deberán recoger de forma preceptiva un apartado relativo al impacto en la salud de la población.
Esta medida materializa de forma efectiva el enfoque de Salud en todas las políticas, de tal forma que, en la definición de las políticas públicas, en todos los sectores y de manera sistemática, se tendrá que tener en cuenta las implicaciones en la salud que conllevan las decisiones que se toman, con el objetivo de evitar impactos perjudiciales para la salud y mejorar la salud de la población y la equidad en salud.
La futura norma, según ha recordado el departamento que dirige Salvador Illa, también persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios a imagen y semejanza de los establecidos para los medicamentos, en prestaciones en que hasta la fecha no están impuestos, tales como el transporte sanitario no urgente, los productos dietoterápicos y los productos ortoprotésicos.
Y es que, según Sanidad, estos incrementarían las cargas financieras de las familias y aumentarían las desigualdades sociales en salud, afectando especialmente a la población en riesgo de pobreza que, además, ha sido duramente afectada por la pandemia de Covid-19.
Asimismo, se introduce una modificación del Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de hacer viable su desarrollo reglamentario, para poder cubrir mediante este fondo extrapresupuestario los desplazamientos de las personas titulares del derecho a la protección de la salud en el SNS entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando la cohesión y equidad en el SNS.
AMPLIAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN
El anteproyecto también tiene como objeto garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población que actualmente no está incluida. Para ello, pretende realizar las modificaciones pertinentes al Real Decreto-ley 7/2018.
Éste recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas con nacionalidad española y a las extranjeras residentes en España, al tiempo que «devolvió» el derecho a la protección de la salud a las personas no registradas ni autorizadas a vivir en España, garantizando la igualdad efectiva y el acceso universal al SNS.
La experiencia acumulada en la aplicación de dicha norma muestra que es necesario realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones interesados en hacer llegar sus opiniones, tienen de plazo hasta el día 19 de noviembre de 2020, a través del correo electrónico ‘cpncartera@mscbs.es’. Finalizado este plazo, el Ministerio incorporará las aportaciones recibidas al texto, que seguirá su tramitación ordinaria.
