UGT presenta queja ante el Defensor del Pueblo contra los «recortes» a las universidades públicas

La Federación de empleados y de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha presentado ante el Defensor del Pueblo Andaluz una queja, junto más de 2.000 firmas de apoyo, encabezadas por la secretaria general del sindicato en Andalucía, Carmen Castilla, y por el secretario general de la FeSP-UGT en Andalucía, Antonio Tirado Blanco, contra los «recortes» de la Junta a las universidades públicas.

El sindicato detalla en una nota de prensa que en la justificación de la queja se solicita la intervención del Defensor del Pueblo con el objeto de que evite estos «recortes» supondrían «una tropelía que llevaría a las universidades a su insuficiencia financiera», lo que «impediría ejercer sus funciones como bien público». El documento de justificación de la queja se puede consultar en ‘https://473bce68-e811-4aad-a249-8b2c74f4c2a1.filesusr.com/ugd/30d2e6_1df77b78a1ea40f9bb7e607583c9eb6d.pdf’.

Esta queja se produce después de que UGT haya señalado la «injusticia» de la medida, pues la Junta «ha aprovechado el momento actual provocado por la triste situación de la pandemia para efectuar un recorte de alcance desproporcionado» en el presupuesto de las universidades públicas bajo la «pretendida justificación» de la creación del Fondo de Emergencia Social y Económica contra la Covid-19, algo «poco verosímil» Y que «oculta sus verdaderos intereses», que «tienen que ver con la desviación de esas cantidades a fines de dudoso interés público».

A su juicio, todo ello «no parece tener otro sentido que la pretensión indisimulada de perjudicar a las universidades públicas para beneficiar la llegada de privadas, que están desembarcando como nunca había ocurrido antes».

Según datos del sindicato, el «recorte» previsto asciende a 135 millones de euros del gasto corriente, al que hay que sumar 125 millones de euros más procedentes del plan extraordinario de infraestructuras destinadas a las universidades, lo que en conjunto supone una aportación de las universidades públicas de 260 millones de euros, un 37,1%, cuando su participación en los Presupuestos de la Junta de Andalucía es del 3,5%.

Este «recorte» se produce a pesar del valor de las universidades públicas, en todos los planos, sobre la comunidad autónoma y especialmente en el impacto sobre el PIB andaluz. Con ello, UGT asegura que la Junta de Andalucía ha reducido un 10% la partida presupuestaria destinada al normal funcionamiento de las universidades públicas (gastos de personal, gastos ordinarios, gastos extraordinarios derivados actuaciones estratégicas relacionadas con la pandemia).

«No deja de ser sorprendente y contradictorio que el gobierno andaluz, a la vez que recorta a las universidades públicas de Andalucía, obligándoles a reducir sus ahorros (remanentes), se hayan opuesto con gran intensidad al uso de los remanentes de los ayuntamientos por el Estado, cuando eran unas condiciones muy distintas, ya que implicaba su devolución y no afectaba al presupuesto ordinario», avisa el sindicato, que ahonda en que el fondo previsto por el Estado destaca la necesidad de reforzar la educación pública y la investigación, ambas actividades propias de las universidades.

«Para el gobierno andaluz parece que la educación universitaria no es bien público esencial en el bienestar e igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Este recorte es solo el primer paso en el desmantelamiento de las universidades públicas para entregarlas en manos privadas», concluye UGT.