La Junta de Portavoces del Parlamento catalán rechaza la condena a los exmiembros de la Mesa

La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado una declaración que rechaza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condena a exmiembros de la Mesa de la Cámara a 20 meses de inhabilitación por tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista.

La declaración, que solo cuenta con la firma de JxCat, ERC y la CUP, se aprobó el miércoles en la Junta de Portavoces con el aval de la mayoría independentista en este órgano y este jueves el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, la de ERC, Anna Caula, y la diputada de la CUP Maria Sirvent la han leído ante los medios.

Considera que Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han sido condenados «por haber cumplido sus funciones reglamentarias, permitiendo la tramitación de todas las iniciativas promovidas por los diputados de la Cámara», y se solidariza con ellos.

También critica que la sentencia «evidencia la enorme injusticia del encarcelamiento» de la expresidenta Carme Forcadell, ya que considera que está en prisión por los mismos hechos por los que los exmiembros de la Mesa han sido condenados por un delito de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel.

Por eso, lamenta que la condena a Forcadell «es una aberración jurídica y una anomalía democrática que demuestra que la presidenta Forcadell fue juzgada por quien es y no por lo que hizo».

Además, reclama la libertad de los presos del 1-O y defiende que en el Parlament se puede hablar de todo: «El argumento de la sentencia del TSJC para excluir la efectividad de la inviolabilidad parlamentaria es extravagante y peligroso, ya que permite, a la práctica, criminalizar cualquier actividad o ejercicio de la función parlamentaria».

«La Junta de Portavoces advierte de que esta criminalización de la actividad de la Cámara, que representa legítimamente la voluntad del pueblo de Cataluña, supone un grave riesgo para la democracia», subraya la necesidad de que la Mesa garantice la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados, y advierte de que la judicialización no servirá para solucionar el conflicto catalán.