El PP quiere que una subcomisión en el Congreso estudie los incumplimientos de la Ley de Transparencia cometidos, a su juicio, por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre todo durante y después del estallido de la pandemia del coronavirus y elabore propuestas de mejora para eliminar estas disfuncionalidades que denuncia.
Los ‘populares’, promotores de la conocida como Ley de Transparencia de 2103, plantean la creación de esta subcomisión en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón.
En su iniciativa, los de Pablo Casado subrayan que hasta mediados de 2018 –esto es, hasta la llegada de Sánchez a La Moncloa– el Portal de Transparencia, la web donde el Gobierno debe volcar o facilitar el acceso de los ciudadanos a la información sobre la actuación de los poderes públicos, era un instrumento «eficaz».
Sin embargo, señalan que la declaración del estado de alarma como consecuencia del coronavirus ha supuesto «una grave restricción» del derecho fundamental a la información que a través de dicho Portal –dependiente del Ministerio de Política Territorial–, lo que ha supuesto «una auténtica suspensión del derecho a saber y un flagrante incumplimiento del Gobierno de su obligación de dar respuestas», máxime ante la gestión de una crisis de tales proporciones.
De hecho, según datos remitidos por el Ministerio que dirige Carolina Darias, sólo entre mediados de marzo y finales de abril se acumularon «más de 800 peticiones sin resolver«, y no fue hasta el mes de junio cuando el Portal volvió a funcionar «con cierta normalidad».
Tres meses, según añade el PP, en los que se impidió ejercer el control sobre los procedimientos de adjudicación de centenares de contratos por parte de los Ministerios y demás organismos, nombramientos, contrataciones de personal, etc.
Suspender la aplicación de la Ley de Transparencia no tiene justificación alguna ni sustento legal», denuncia el PP, apuntando que, en su «cautiverio», la sociedad no sólo ha asistido al cierre del citado Portal, sino también a la imposición de «filtros» a las preguntas de la prensa, la financiación pública «oportunista» de medios de comunicación «vasallos» o la «restricción» en la difusión de mensajes.
Así las cosas, el primer partido de la oposición quiere abrir una subcomisión parlamentaria para que estudie y analice la Ley de Transparencia con el fin de elaborar un informe de evaluación y grado de cumplimiento de la misma por parte del Gobierno, con especial atención al funcionamiento del Portal de Transparencia.
Además, plantea que dicho órgano realice propuestas y recomendaciones de mejora para evitar que en el futuro vuelvan a producirse situaciones como la vivida, tratando de cubrir «las posibles lagunas» que permitan a los responsables sustraerse de esa obligación de transparencia y de rendición de cuentas.
