El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha justificado este lunes el acercamiento de presos de ETA, cuestionado por VOX, al considerar que responden a evaluaciones individualizadas y sometidas a revisión periódica «cuando sea aconsejable» para su reinserción, «que es lo que persigue la Constitución».
Preguntado por los traslados de presos de ETA a cárceles más próximas del País Vasco, el ‘número dos’ de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior ha defendido que «cualquier actuación en el ámbito penitenciario se enmarca en el cumplimiento estricto de la legalidad».
Acto seguido, ha recordado que existe un tratamiento individualizado para cada interno, así como «un programa de intervención y revisión periódica que puede incluir cambio de centro siempre y cuando sea aconsejable para su progreso y reinserción, que es lo que persigue nuestra Constitución».
Según Pérez, estas decisiones «no son arbitrarias» porque parten de las competencias de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario, «bajo el control del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal». «Y cuando son presos de la banda terrorista ETA», ha añadido, «se comunica a las víctimas del terrorismo».
El secretario de Estado respondía de esta forma al diputado de VOX y expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que ha vinculado el traslado de los presos de ETA –«ya no quedan alejados del País Vasco», ha dicho– con la «fraudulenta» ‘vía Nanclares’ que puso en marcha el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
En concreto, Alcaraz ha pedido que se publiquen las actas de negociación con ETA y se ha quejado de que los traslados se llevan a cabo sin que los presos pidan perdón a sus víctimas ni tampoco se exija la colaboración judicial con los más de 300 atentados de ETA aún sin autor conocido, citando el caso del etarra Andoni Otegi Eraso, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña, y trasladado hasta Logroño.
MONITORIZAR REDES PARA «ESPIAR»
En la Comisión de Interior se ha abordado, también a preguntas de VOX, la polémica surgida durante el primer estado de alarma del Covid-19 por las alusiones del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago a la monitorización de redes sociales para evitar «bulos», según el secretario de Estado, que ha recordado que se intervino contra «485 eventos de desinformación».
«No estamos hablando de opiniones personales o detectar críticas, hablamos de manipulación que podía afectar a servicios esenciales durante el estado de alarma», ha señalado Rafael Pérez, enmarcando dicha actuación en la Orden que aprobó el Ministerio del Interior en el marco del estado de alarma del pasado 14 de marzo.
El diputado Ignacio Gil Lázaro, sin embargo, ha mantenido que se trata de un «aparato para espiar a los españoles y perseguir su libertad en las redes, un modo de censura previa que ni siquiera está permitido en un estado de excepción». El representante de VOX ha dicho que lo que se busca es «imponer una verdad oficial y perseguir al discrepante», vinculando el origen de algunas investigaciones «prospectivas» con las denuncias realizadas por militantes del PSOE.
MEDALLAS DE «LOS OTROS BILLY EL NIÑO»
EH Bildu se ha quejado de que el Ministerio del Interior no informe de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta 115 según esta formación, a los que llama «los otros Billy el Niño», que «todavía» disfrutan de medallas pensionadas sin conocerse los motivos por los que las recibieron.
El secretario de Estado se ha remitido a la Ley de Memoria Democrática para la posible retirada de estas condecoraciones y al Portal de Transparencia para que se solicite la información de forma individualizada. El diputado de Bildu Jon Iñarritu se ha quejado de lo que ha calificado de «rasque y gana», adelantando que esta misma semana tramitará la petición de información.
