El anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de la paralización de los trámites parlamentarios para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), removiendo así los obstáculos para su renovación, ha resucitado en ámbitos judiciales las quinielas sobre quien podría ser la elegida o elegido para presidir el órgano de gobierno de los jueces en su nuevo mandato, un cargo que supone también la presidencia del Tribunal Supremo.
Fuentes consultadas señalan que el acercamiento del PP y el PSOE que se produjo el pasado verano, y que según manifestó el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se alcanzó hasta más del 90 por ciento con el PP, puede acelerar la consecución del pacto una vez se supere la falta de acuerdo político de las últimas semanas.
En dicha ocasión se habló de diez vocales a propuesta del PP y otros 10 del PSOE, de los que algunos serían cedidos a la designación Podemos como socio de Gobierno.
En todo caso, y pese al gesto de Sánchez de paralizar una reforma que había sido fuertemente contestada tanto en ámbitos judiciales como en Europa -suponía rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para realizar los nombramientos del los vocales del CGPJ- el PP insiste en exigir al Gobierno sus requisitos para retomar las negociaciones.
Este mismo lunes, el interlocutor del PP en este asunto, el secretario de Justicia del partido Enrique López, apuntaba que las condiciones siguen siendo que no esté Podemos en la negociación, retirada de reforma y despolitización en las designaciones.
Mientras esto ocurre en el ámbito político, en los mentideros judiciales se vuelve a hablar de posibles candidatos para la presidencia del CGPJ, e incluso vuelve a sonar el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien en noviembre de 2018 renunció por escrito y públicamente al cargo después de que su nombre fuera filtrado incluso antes del nombramiento de los vocales que deberían elegirle.
Su decisión se produjo después de que se conociera que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había mandado un mensaje al resto del grupo parlamentario alegrándose de la futura designación del presidente de lo Penal del Supremo porque ello permitiría al PP controlar este órgano «por la puerta de atrás». No obstante, otras fuentes restan posibilidades a Marchena después de una sentencia del juicio del ‘procés’ independentista en Cataluña que no gustó a todos.
De este modo, vuelven a la palestra otros nombres que vienen sonando recurrentemente para presidir el CGPJ desde que el órgano concluyera su mandato en diciembre de 2018, entre los que destaca la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca.
RENOVACIÓN CONJUNTA CON EL TC
Se da la circunstancia de que Roca, junto con el magistrado Andrés Ollero y el actual presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, siguen formando parte de este órgano gracias a una prórroga de su mandato, que concluyó el noviembre pasado.
Por ello no sería extraño que la renovación del CGPJ fuera a la par que la del TC, teniendo en cuenta además que esos tres magistrados ( más Fernando Valdés, quien renunció hace unos días debido a la causa por maltrato que se ha abierto contra él en el Supremo) corresponden al turno de miembros de este órgano que tienen que ser renovados por el Congreso.
Por esta razón, una renovación conjunta de ambos órganos permitiría dejar libres a Roca y a González Rivas para presidir el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas.
Este último no aparecía en las quinielas de las últimas ocasiones en las que se ha hablado de una inminente reforma, si bien es sabido que en muchas ocasiones estas apuestas decaen ante un nombre de consenso que suele estar «tapado» hasta el último momento, como fue el caso de Carlos Dívar en la renovación que coincidió con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Su candidatura se enfrentaría a la de otros magistrados que vienen sonando en las últimas ocasiones cada vez que se acerca una renovación, como son las magistradas del Supremo Lourdes Arastey (magistrada de lo Social), Pilar Teso (de lo Contencioso-Administrativo) y Ana Ferrer (de lo Penal) además del magistrado de lo Contencioso Enrique Lucas, que fue el ponente de la resolución que permitió hace un año sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
