La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad a empresas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.
Este martes han comenzado las comparecencias de los testigos, empezando por Antonio Alamino, extrabajador de Acyco, otrora miembro del comité de empresa por UGT, prejubilado en el ERE promovido por dicha entidad en 2003 con cargo a los fondos de la partida 31L de los presupuestos autonómicos y presidente de la que fuera asociación 3 de Julio de exempleados de Acyco.
Durante su comparecencia, Alamino ha rememorado que los responsables de la empresa anunciaron las prejubilaciones del ERE bajo la idea de que la entidad necesitaba incorporar «gente joven más preparada», manifestado que al comenzar las reuniones de la mesa de negociación de aquel ERE era conocido que la Junta de Andalucía pagaba al menos «una parte» de las prejubilaciones, pues según su testimonio, así lo dijo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio, quien según este testigo «era quien manejaba todo».
Gabriel Barrero, recordémoslo, admitió al declarar como acusado que las condiciones de las prejubilaciones del ERE eran muy «favorables», si bien se desligó de la redacción del plan social de dicho procedimiento. Al respecto, Alamino ha asegurado que fue Barrero quien redactó los estatutos de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco y quien extinguió después la entidad, exponiendo que él nunca supo que la citada asociación figuraba como tomadora en la póliza de las prejubilaciones del ERE. «Yo no llegaba hasta ahí», ha dicho asegurando que la idea de crear la asociación fue de los propios gestores de Acyco.
Además, este testigo que durante la fase de instrucción del caso declaró como imputado ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha declarado que sólo supo que dos personas cobraban prejubilaciones con cargo al dinero aprovisionado por la Junta de Andalucía para las prejubilaciones del ERE de Acyco, pese a no haber trabajado jamás en la empresa, cuando la Guardia Civil le «llamó» a comparecer. Así, ha negado que supiese de los dos «intrusos» del ERE de Acyco o que los conociese.
EL DINERO DEL ANTICIPO
Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, Alamino ha asegurado que él sólo escuchó «algo» con relación a ello, manifestando que Barrero no le mostró nunca la factura de 210.000 euros más el IVA cursada después a la Junta para resarcir el dinero entregado.
Especialmente, y con relación a tal asunto, ha narrado que descubrió que en la cuenta bancaria de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco habían ingresado «40 millones de pesetas» de una procedencia que ha dicho desconocer.
Ante ello, y porque «no quería líos», según ha dicho, solicitó al director de la sucursal bancaria que diese ese dinero «a quien lo había pedido» porque no pertenecía a los extrabajadores, tras lo cual el dinero fue transferido y según ha indicado, «se lo llevaron» Gabriel Barrero y Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración, también prejubilada en el ERE y acusada en este juicio.
Y es que según este testigo, Barrero habría dicho «que el dinero era de ellos», en alusión a los responsables del consejo de administración de Acyco. «Venían Barrero y cinco o seis del consejo de administración buscándome para sacar el dinero, que no era mío ni de la asociación 3 de Julio», ha aseverado, insistiendo en que dio orden al director del banco para que «pagase lo que se tuviese que pagar», incluyendo lo que correspondiese a Hacienda, y que él no redactó la mencionada factura.
«SE LLEVABAN EL DINERO»
Además, Alamino ha aseverado que Poto y quienes estaban «detrás de ella», es decir los gestores de Acyco «se llevaban el dinero de la empresa», una sociedad anónima laboral, y «engañaban» a los trabajadores pese a participar los mismos de la entidad mediante acciones. «Nos engañaron a todos», ha enfatizado, admitiendo sentir resentimiento hacia Poto, quien según ha asegurado dijo «siempre» que se prejubilaría mediante el ERE, extremo tras el cual continuó figurando en el consejo de administración de Acyco y cobrando por ello.
También ha prestado declaración como testigo María Auxiliadora Francos, igualmente extrabajadora de Acyco y quien ha manifestado que fue «mano derecha» o «persona de confianza» de Poto durante el periodo previo a la fundación de la empresa. Esta testigo ha admitido que ante la Guardia Civil tachó de «auténtica dictadora» a Poto y, en esta ocasión, le ha achacado un «abuso de poder mediante el cual «sometía» a la plantilla, que participaba de la entidad mediante acciones, a «lo que ella decía», incluyendo con ello supuestas «amenazas» de despido.
«Se le dio un poder absoluto cuando ella no era empresaria, sino socia», ha dicho exponiendo que Poto no daba cuentas a la plantilla de sus gestiones al frente de la empresa y recordando que en una ocasión cuya temporalidad no ha sabido precisar, la presidenta del consejo de administración de Acyco solicitó a los trabajadores y socios de la entidad un anticipo de dinero por las necesidades de la empresa.
