Los programas presupuestarios con incidencia de género suponen casi 300 millones de euros

El informe de Impacto de Género presentado por el Gobierno al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 determina que los 234 programas que se han catalogado en términos de pertinencia de género —casi un 80% del total de los PGE– implican 299.604 millones de euros del total.

El Ejecutivo ha dividido este informe en tres ‘erres’: la primera tiene que ver con la ‘realidad’, a través de las cifras del estudio ‘Mujeres y Hombres en España’ que el INE presentó en junio; la segunda con la ‘representación’ de la mujer en el sector público y la administración; y la tercera, los ‘recursos’ que se han aplican a estos PGE para el próximo año.

En el documento, se determina que sólo un 15% del importe analizado se ha considerado que no tendría impacto en las políticas de igualdad de género, mientras que el resto, de manera directa o indirecta, está contribuyendo a identificar y combatir las desigualdades existentes.

Desglosados, los créditos correspondientes a programas calificados como de ‘Alta pertinencia de género’ suponen un 18% del total del PGE, es decir, 41.518 millones de euros, mientras los programas con ‘Pertinencia Media’ representan el 38% del volumen total (188.205 millones); mientras que los de ‘Pertinencia baja’ son el 29% (69.881 millones).

DESTACAN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el primer grupo, el Ejecutivo sitúa los programas del Ministerio de Igualdad, así como las actuaciones transversales de este departamento, como la elaboración y el seguimiento del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, el Observatorio de Imagen de las Mujeres, la Red de políticas de igualdad en los fondos comunitarios y Programas y convenios en colaboración con otras Administraciones.

También señala la labor de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que, según detalla, requiere de actuaciones preventivas que conciencien al conjunto de la ciudadanía sobre la importancia de la eliminación de esta lacra social.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado en la rueda de prensa de presentación de los PGE en el Congreso, el programa ‘Actuaciones para la prevención integral de la violenciade género’, que busca, entre otras actuaciones, la mejora de la respuesta institucional, coordinación y trabajo en red en la prestación de los servicios públicos para las víctimas, así como garantizar a las mujeres el efectivo ejercicio de sus derechos.

El estudio, recalca, además, el esfuerzo realizado en este ámbito por el Ministerio de Educación y Formación profesional, ya que, de once programas presupuestarios, ocho de ellos (73%) han sido catalogados con pertinencia alta de género. Sobresale en este ámbito, indica el texto, el enfoque dado a la ley de educación sobre igualdad de oportunidades o impulso de la inclusión.

«UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA»

También cuentan con programas de alto impacto, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos, se realizan estudios sobre respuesta judicial en materias relacionadas con la aplicación del principio de igualdad, así como guías para mejorar la respuesta judicial frente a la violencia de género y la protección de las víctimas.

En los programas de incidencia media, están implicados el Ministerio de Ciencia e Innovación —con programas para impulsar la carrera de las mujeres, el de Justicia –-con medidas para potenciar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer–, o el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana —a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que incorpora un tratamiento preferente a las unidades monoparentales–, entre otros.

La responsable de Hacienda ha recordado este miércoles que la desigualdad es «un lastre para la economía» y «todo lo que contribuya» a eliminar la brecha de género «será bueno» para las mujeres, pero también «para la productividad del sistema empresarial».

En su intervención, Montero ha puesto en valor el informe realizado que, según ha indicado, «es más completo que en años anteriores» y que permitirán, en próximas ediciones, comprobar «la evolución» de las políticas públicas en este aspecto.