El Parlamento Europeo trasladará su preocupación y pedirá explicaciones al Gobierno de España por el uso del castellano en la escuela catalana, siguiendo la petición de una ciudadana española que ha denunciado en Bruselas que la inmersión lingüística en Cataluña no es un método pedagógico, sino «una decisión política para romper los lazos con el resto de España».
La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha decidido dar seguimiento a la demanda y trasladar al Ministerio de Educación español una misiva para que dé cuenta de la cooficialidad de las lenguas en la comunidad. Si bien ha descartado por el momento enviar una misión de observadores a Cataluña, al entender que son los coordinadores de la comisión quienes deben tomar esa medida si lo ven necesario. «Las lenguas deben servir para unir y no para segregar», ha insistido Montserrat.
Así las cosas, la Eurocámara ha sido escenario de un tenso debate sobre la situación del castellano en el sistema educativo catalán. La cuestión ha sido presentada a iniciativa de Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha encontrado el respaldo de PP, Ciudadanos y Vox, mientras que, por contra, la eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha lamentado que se use el Parlamento como «patio trasero» de la política española.
Riba ha defendido que «no hay debate» sobre el modelo de inmersión en Cataluña porque está avalado por el Consejo de Europa y otras instituciones, y que, además, cumple con la Constitución española y las sentencias del Tribunal Constitucional. «Si este fuera un debate pedagógico la petición debería cerrarse, si es ideológico como, tanto otros, el comité de Peticiones solo será el patio trasero de la política doméstico», ha lamentado.
De su lado, el PP, Ciudadanos y Vox han contestado apoyando las tesis de la peticionaria de que la sociedad bilingüe en Cataluña no tiene su reflejo en la escuela y que se conculcan los derechos fundamentales de los alumnos y sus familias.
Para el ‘popular’ Juan Ignacio Zoido este es producto de «ideologizar las lenguas» y usarlas como «armas arrojadizas». El gobierno nacionalista de Cataluña lleva haciendo esto décadas, lo han llevado demasiado lejos desde los medios de comunicación a la administración, y de manera especialmente grave la educación. Por encima de los nacionalismos están las personas y los derechos individuales», ha defendido, lamentando que los menores sean «discriminados» por emplear el castellano.
De lado de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha insistido en que los alumnos tiene el derecho a estudiar en su lengua materna y a no someterse a lo que ha denominado como «apartheid lingüistico».
Por parte de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa ha insistido en que los niños deberían ser más importantes que unas políticas lingüísticas que «se han convertido en un dogma». A su juicio el sistema educativo catalán es una muestra de que las políticas de identidad muy ideologizadas «generan monstruos».
BRUSELAS NO PUEDE ACTUAR
La Comisión Europea ha intervenido en el debate para recalcar que los estados miembros son competentes y responsables exclusivos sobre la relación de las lenguas oficiales en su territorio. A su vez ha dicho que la cuestión de la lengua vehicular en las aulas es cosa de Educación, otra política en la que Bruselas carece de competencias.
Por todo ello, aunque entiende que puede resultar un «inconveniente» y puede «desalentar» que la gente se mude a Cataluña, la Comisión ha insistido en que no tiene ninguna base para actuar sobre el modelo de inmersión.
Rápidamente esta posición ha sido rebatida por varios eurodiputados, el más crítico Jordi Cañas, de Ciudadanos, que ha subrayado que el debate afecta a los derechos fundamentales de los niños por lo que la Comisión no puede hacer como que el tema «no va con ella». «Si la Comisión entiende que no va con ella, entonces sí irá con este Parlamento y esta Comisión», ha zanjado.
También ha contestado Buxadé, quien ha dicho que Bruselas sí se implica cuando se habla de derechos lingüísticos de minorías como la población gitana en Europa y ha acusado a la Comisión de querer dar carpetazo al asunto con una «pretensión ideológica».
