La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este jueves al juzgado de instrucción número 31 de Madrid que archive la investigación que lleva a cabo contra varios funcionarios por la escala que hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La parte del ‘Delcygate’ que se instruye en los juzgados de Madrid se basa en querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas por presuntos delitos de prevaricación contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.
En concreto, Vox se querelló contra Koldo García Izaguirre y otros funcionarios por cuatro delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de atribuciones.
La Fiscalía ha indicado que «no existe duda» de que la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro «no debía entrar o transitar por España», debido a dicha prohibición.
Sin embargo, ha precisado que Rodríguez se limitó a permanecer en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, «que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario», según se desprende del oficio remitido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Además, ha esgrimido que la dirigente venezolana «no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional».
Sobre García Izaguirre, al que describe como «una de las personas que acompañaba a la autoridad de mayor grado que se encontraba esa noche en el aeropuerto», el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha valorado que requirió a la tripulación para que el vuelo despegase lo antes posible llevándose con ellos a los pasajeros.
A este respecto, ha apuntado que Julio San Miguel Mateos –otro funcionario– contó ante notario cómo vio a García Izaguirre solicitar a la tripulación que el vuelo saliese cuanto antes y que le contestaron que no era posible antes de las 14:00 horas.
El Ministerio Público ha aclarado igualmente que, a pesar de que en las querellas y denuncias se hacía hincapié en lo irregular de que no se hubiesen sellado los documentos a Rodríguez y en que la misma no disponía de visado, lo cierto es que el Reglamento (CE) 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo incluye a Venezuela como país cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado.
ZONA DE TRÁNSITO
Con todo ello, la Fiscalía no ha apreciado el requisito de resultado materialmente injusto para imputar un delito de prevaricación porque le resulta «indiferente» que Rodríguez hubiese permanecido durante el tiempo indispensable en unas instalaciones del aeropuerto que tienen la consideración de zona de tránsito aeroportuario «o en otras».
Tampoco ha apreciado el delito de desobediencia porque se exige la existencia de un mandato directo «que, en el supuesto que nos ocupa, se nos oculta cuál podría ser y quién podría haberlo emitido».
Asimismo, ha descartado el delito de usurpación de atribuciones a las personas denunciadas porque «en el presente caso es palmario que no ha sido suspendida con carácter general ninguna disposición legal».
No obstante, ha recordado que el Ministerio Fiscal no puede investigar a personas aforadas, como Ábalos, «por lo que, constando la existencia de querellas interpuestas ante el órgano judicial competente para el conocimiento del presente asunto con las personas que resulten ser aforadas, corresponderá a éste la correspondiente resolución».
