La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la investigación abierta al Rey emérito por posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales, que previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna, según adelanta El Confidencial.
La clave estaría en la aplicación extensiva de la inviolavilidad prevista en la Constitución, de la que gozó hasta su abdicación en junio de 2014 y que podría ser aplicada a los hechos investigados.
Las últimas noticias que habían trascendido desde el Ministerio Público podrían haber hecho pensar en un movimiento contrario, ya que el fiscal de Sala que dirige la investigación, Juan Ignacio Campos, admitió en un informe dado a conocer el pasado 1 de octubre que la comisión rogatoria solicitada a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra, pese a que en dichas fechas no había sido cumplimentada en su totalidad-, abría «nuevas perspectivas» y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, «que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar» en dicho momento.
Campos realizó estas manifestaciones en un escrito en el que solicitaba la inadmisión a tramite de la querella presentada el pasado mes de julio por la asociación independentista Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el origen de su presunta fortuna en cuentas en el extranjero.
Según la información conocida este viernes, el equipo de fiscales que analiza este asunto ya habría llegado a una conclusión, contraria a judicializar este asunto, y trabaja en un informe que será muy duro en el relato de hechos atribuidos al padre de Felipe VI, si bien concluiría que hay que aplicar en todo caso el principio de inviolabilidad.
Ello puede ser por dos motivos, o bien los hechos presuntamente delictivos – relativos al cobro de comisiones relacionadas con el AVE a la Meca y otras operaciones, así como a la gestión opaca de dichos fondos– se cometieron antes de la abdicación, por lo que no generan responsabilidad penal; o bien se opta por aplicar a este asunto lo señalado por el dictamen del Congreso de los Diputados que calificó de «absoluta» y con «efectos permanentes» la irresponsabilidad penal del exmonarca.
En su día, según recuerda el diario digital, dicho informe le sirvió al PSOE para oponerse a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre los negocios del Rey emérito que había sido solicitada por los grupos parlamentarios de ERC, JxCAT, PNV, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP. En todo caso, aún se estarían practicando diligencias menores, pero la idea es que el informe pueda notificarse antes de Navidad.
La investigación fiscal está dirigida a establecer la participación de Juan Carlos I en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado». Una parte importante ha estado también dirigida a estudiar si las actividades presuntamente delictivas están o no prescritas.
EQUIPO REFORZADO EN FISCALIA
El pasado mes de julio, la Fiscalía reforzó el equipo de fiscales que investigan al Rey emérito. A los cuatro fiscales del Supremo especialistas en delitos económicos bajo la dirección del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se sumaron Rosa Ana Morán, que dirige la Unidad Especializada en Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado (FGE). Completan el equipo de expertos Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig.
Para su análisis, los fiscales españoles han contado con parte de la investigación remitida por las autoridades suizas por posibles delitos relacionados con un depósito de 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al Rey emérito.
Se trata de documentos relativos a las declaraciones ante la Fiscalía del país helvético del gestor de cuentas Arturo Fasana, del abogado Dante Canónica y de la que fuera amiga íntima del monarca Corinna Larsen, a la que Juan Carlos I acabó donando gran parte de dicha cantidad.
La documentación responde a la comisión rogatoria emitida desde España hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, aunque no ha llegado todo lo reclamado.
En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por la pandemia, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.
De la cuenta vinculada a la fundación Lucum salieron los casi 65 millones de euros transferidos a otra cuenta de Bahamas a nombre de Corinna Larsen y que ella en su declaración ante la Fiscalía suiza enmarca en una donación, en un «regalo no solicitado» para ella y su hijo por el «cariño» que les tenía.
