El Ministerio de Igualdad ha abierto el trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en una ley para la igualdad plena y efectiva de las personas transexuales.
El objetivo es recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de este proyecto normativo, según explica el Ministerio en su web.
Todos ellos podrán hacer sus aportaciones desde este viernes 30 de octubre hasta el próximo 18 de noviembre a través del correo electrónico ‘participacion.publica@igualdad.gob.es’.
Con la nueva norma, Igualdad quiere «despatologizar las identidades trans, permitiendo el cambio registral de sexo sin que el ejercicio de este derecho esté condicionado a la previa presentación de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».
Además, el Ministerio pretende que la norma sirva como marco que «permita a los poderes públicos poner en marcha con urgencia medidas de acción positiva que hagan posible que la igualdad de las personas trans sea plena, real y efectiva, poniendo fin a una discriminación histórica y sistemática hacia este colectivo».
A nivel autonómico, según recuerda el Ministerio, hay ocho comunidades autónomas que ya han legislado en este sentido, garantizando el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento del nacimiento.
Según precisa el departamento que dirige Irene Montero, esta ley quiere solucionar algunos problemas a los que se enfrentan las personas ‘trans’ y que no quedaron resueltos en la Ley de 2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Por un lado, el Ministerio precisa que la norma no permite a las personas menores de edad solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. Asimismo indica que se han dado situaciones de discriminación a las personas extranjeras trans.
Además, Igualdad puntualiza que la ley de 2007 para llevar a cabo la rectificación del sexo registral, exige aportar o acreditar disforia de género, mediante informe médico o psicológico clínico, así como someterse a tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las del sexo reclamado.
«En este sentido, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han manifestado sobre la necesidad de superar la concepción de la transexualidad como una enfermedad o trastorno, y de lograr la despatologización de las identidades trans», subraya Igualdad.