El 2020 arrancó con la citación como investigados del ex consejero delegado del Grupo Dia, Ricardo Currás y de su número dos, Amando Sánchez Falcón, por administración desleal y fraude en las cuentas; y finalizará, según fuentes jurídicas, con la conclusión de la instrucción que se sigue en la Audiencia Nacional.
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción númeroo 6, Alejandro Abascal, es el encargado de investigar si los directivos imputados engordaron los números de la compañía en 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
Según explicaba el juez en el auto en el que citó a declarar a ambos, «para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, Currás ideo un plan -que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas- para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo» en este balance, «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión».
De hecho, la investigación seguida por la Fiscalía Anticorrupción detectaba cuatro de esas prácticas que imputa directamente al exCEO de la compañía: Previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros; una incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia que asciende a 21,7 millones; la eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir por 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados de hasta 5,5 millones de euros.
Si bien se prevé que para ese fin de año se cierre esta instrucción, antes el magistrado tiene tarea por delante, porque quedan pendientes varias declaraciones de investigados en esta causa, en concreto todas las que se acordaron para octubre –aunque se acabaron posponiendo– y que comprendían a todos los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados de los ejercicios 2016 y 2017.
Por este motivo, ahora se han fijado nuevas fechas para esas declaraciones y se celebrarán el 26, 27 y 30 de noviembre. Será entonces cuando desfile por la Audiencia Nacional el que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, por pertenecer a la misma comisión desde octubre de 2016.
Asimismo, también declaran en calidad de investigados Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016), Juan María Nin Génova por haber sido vocal externo de esa comisión, María Luisa Garaña Corees por ser vocal independiente desde febrero de 2017, y Julián Díaz González por ser también vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017.
También declararán en calidad de investigados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra. Y el directivo de Dia Miguel Ángel Peinado Iglesias por su «posición orgánica dentro de la compañía y por ser la persona que llevó a cabo, junto a E&Y, el análisis de lo sucedido».
«Uno de sus máximos intereses era exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a los miembros del consejo de administración y de las diferentes comisiones internas de la compañía», señalaba el juez en un auto de agosto en el que le citaba como investigado.
Una vez finalicen las comparecencias, el magistrado deberá decidir si con lo instruido tiene suficiente para cerrar las diligencias o si por el contrario debe seguir indagando. Todo apunta a que en 2020 el caso DIA estará listo para ser enviado a juicio.
