Vox considera preocupante que en los últimos años se haya ido incrementando el porcentaje de resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que son desatendidas por el Gobierno y ha presentado una iniciativa en el Congreso para que sea la Cámara quien le inste a deponer esa actitud y aplicar los mandatos del órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
En su proposición no de ley, los de Santiago Abascal, exponen que en los últimos cinco años la Administración General del Estado y las Administraciones Territoriales han «empeorado considerablemente» en lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones de Transparencia que habían impugnado.
También destaca que se han incrementado aquellas sobre las que no consta cumplimiento y las que han sido recurridas en vía contencioso-administrativa. Para Vox, esto es «doblemente grave» teniendo en cuenta que el número de resoluciones dictadas también se ha incrementado «exponencialmente» desde la creación de este órgano en 2015. «Se puede concluir de manera objetiva que la transparencia de las administraciones cada vez día es más opaca», se lamentan.
En concreto, señalan que en 2015 la administración central cumplió el 87,9% de las 131 resoluciones dictadas pero, a partir de ahí, mientras el Consejo iba emitiendo más, la Administración General del Estado iba cumpliendo menos.
Así, cifran el cumplimiento de 2016 en el 83,9% (de 212), el de 2017 en un 83,9% (de 229), el de 2018 en un 82,1% (de 288) y el 2019 en un 70,7% (de 290). En lo que va de 2020, apuntan, se han cumplido el 66% de 64 resoluciones dictadas en el primer semestre de este año.
Semejante «fenómeno», apunta Vox, también se ha producido en las administraciones territoriales, donde el grado de cumplimiento ha pasado del 92,2% de las 119 órdenes transmitidas a las autonomías en 2106, al 52,2% de las 48 realizadas hasta junio de 2020.
Vox remarca que el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha quejado de esta situación y de la reiterada contestación en el ámbito judicial de sus resoluciones en una declaración realizada hace unas semanas en la que también insiste en que «la política de transparencia y acceso a la información» debe configurarse «como un objetivo prioritario e irrenunciable de la acción de todos los Gobierno, Administraciones y Poderes del Estado».
Por todo ello, quiere que el Congreso inste al Gobierno a «adoptar las medidas necesarias para que la Administración General del Estado dé cumplimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que la afectan».
