La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que el Ejecutivo ha aprobado un decreto que suspende los desahucios de grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social al que está obligado según la ley, mientras dure el estado de alarma o estén vigentes restricciones por el coronavirus.
En rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, ha defendido que este decreto «quiere asegurar que las personas con riesgo de exclusión residencial puedan quedarse en su domicilio» mientras dure el estado de alarma, y ha añadido que no afecta a los inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores.
Budó ha defendido que este decreto «rellena los vacíos» de la normativa estatal sobre esta cuestión y ha explicado que amplía hasta mayo de 2021 los plazos del Real decreto 30/2020 del Gobierno para interrumpir desahucios durante la pandemia.
Además ha reivindicado que el decreto de la Generalitat no solo amplía estos plazos, sino que extiende la protección a más colectivos vulnerables incluyendo a las personas que ya eran vulnerables antes de la pandemia, a diferencia del decreto del Gobierno, que «se limita únicamente a las familias afectadas por el impacto económico del Covid-19».
El decreto también establece interrumpir los desahucios de personas que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad, de casos de extinción de contrato de alquiler con un gran tenedor, y de personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias.
La iniciativa también detalla que, si Mossos y policías locales reciben una denuncia solicitando medidas cautelares por ocupaciones de viviendas por parte de familias y personas en riesgo de exclusión residencial, deberán pedir un informe a los servicios sociales competentes y comunicar esta petición al Ministerio Fiscal.
PETICIÓN AL GOBIERNO
Aunque considera que mejora la normativa estatal, Budó ha dicho que este decreto «no supone un parón generalizado de los desahucios», ya que la Generalitat no tiene competencias para eso.
Por eso, ha reclamado al Gobierno central que suspenda todos los desahucios durante la vigencia del estado de alarma o que traspase esa competencia a la Generalitat para que lo pueda hacer.
También ha dicho que el decreto no impide que los jueces puedan ejecutar los desahucios sin que el propietario haya ofrecido un alquiler social, ya que insiste en que el Govern no tiene competencias para eso, pero ha defendido que la Generalitat hará todo lo que esté en su mano.
«En todo aquello que tenemos competencia tomaremos medidas para evitar al máximo posible todos los desahucios en los próximos meses», ha concluido.
