El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza ‘Kitchen’ ha acordado este martes que se realice un careo entre el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su ‘número dos’ Francisco Martínez el próximo 13 de noviembre para aclarar el papel que ambos jugaron en la operación parapolicial sufragada con fondos reservados para conseguir documentación comprometedora para el PP y que tenía en su poder el extesorero del partido Luis Bárcenas.
El careo llega después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, escuchara a los dos ex altos cargos de Interior la semana pasada y comprobara que sus versiones no coincidían. De hecho, Fernández Díaz negó que él hubiera mandado mensajes a Martínez, justo un día después de que éste los confirmara en sede judicial.
Asimismo, el magistrado acuerda citar como testigo al que fuera director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en el tiempo en el que se produjo ese operativo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
Con estas nuevas diligencias, el magistrado deja ver que las comparecencias de cargos del primer Gobierno de Mariano Rajoy no fueron suficientes para clarificar su actuación en esa época. Y es que ambas versiones eran contradictorias de raíz, ya que mientras que Martínez señaló que hubo un operativo y que era conocido por el ministro, éste negó conocerlo y que recibiera indicaciones al respecto del entonces presidente ni de la Secretaría General del PP, por aquel entonces María Dolores de Cospedal.
En su auto, el juez explica que Martínez reconoció haber protocolizado por medio de notario los dos mensajes que se envió con Fernández Díaz y que obran en la causa. En su declaración dijo que uno reflejaba el encargo del ministro relacionado con el confidente y chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y que el otro tenía relación con una petición del ministro, que quería que recabase información sobre cuestiones relacionadas con los delitos que se imputaban al extesorero del PP.
Para obtener esa información, dijo Martínez, el ministro le dio un contacto del CNI, y tras hablar con el director de los servicios de inteligencia supo que esa información no la manejaban. Ante el juez García-Castellón, el que fuera secretario de Estado de Seguridad afirmó que elevó esos mensajes al acta notarial porque quería poner de manifiesto cuál era su labor.
«Según relataba era la de coordinación entre servicios de información, en su intento de demostrar la legalidad de las actuaciones policiales que se realizaron en ese momento. Afirmaba que la protocolización de los mensajes fue consciencia de su enfado con Fernández Díaz, añadiendo que ni el ministro ni nadie se ha tomado treinta segundos para trasladarme el beneficio de la duda», indica el juez haciendo referencia a la declaración de Martínez como imputado el 29 de octubre.
Tras detallar esto, el juez resume la declaración del exministro indicando que «negó la realidad de esos mensajes afirmando en esencia que ni eran suyos ni sabía de su existencia».
Y por eso, «dada la importancia de los mismos y la carga incriminatoria que poseen» esos mensajes protocolizados, entiende necesario volver a citarles «para que comparezcan conjuntamente para someterles a la diligencia de careo». Según explica además el magistrado, en ese careo él personalmente manifestará las contradicciones de ambos «e invitará a los careados para que se pongan de acuerdo entre sí».
LOS FONDOS RESERVADOS
El magistrado, tras la explicación pormenorizada que recibió de Martínez sobre la gestión y control de los fondos reservados –la Kitchen se sufragó presuntamente con ellos– también interesa requerir al Ministerio del Interior la Orden Comunicada dictada por ese departamento en 1995 como desarrollo de la Ley 11/1995 y que habría sido desclasificada.
Y dado que Martínez hizo especial referencia al papel del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad como responsable de la contabilidad de los fondos y del destino de los mismos, el juez acuerda también citar a este como testigo, previa identificación por Asuntos Internos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, confirman que se trata de Pérez de los Cobos.
«La declaración de este testigo permitirá corroborar el conocimiento que pudiera tener el ex secretario de Estado de Seguridad sobre el destino de los fondos reservados, y en concreto, respecto de los que se pudieran haberse abonado a Sergio Ríos Esgueva», indica García-Castellón.
Cabe recordar que el chófer de Bárcenas habría cobrado mes a mes la cantidad de 2.000 euros por sus servicios de confidente según recibos encontrados en el registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.
EL MÓVIL DEL EXMINISTRO
Por otro lado, respecto a las declaraciones de la semana pasada, el juez también acuerda que se le pida al exministro el móvil que usaba en la época en la que habría cruzado esos mensajes con Martínez con el objetivo de verificar su versión de los hechos.
Tras la declaración de Fernández Díaz, éste entregó voluntariamente su terminal actual y se pudo comprobar que no había intercambiado mensajes por el servicio de mensajería WhatsApp con «Paco Martínez». Fernández Díaz explicó al juez entonces que ese teléfono fue adquirido en abril de 2020 después de que el anterior se le estropeara y que por tanto no conservaba mensajes anteriores a esa fecha.
LA VIGILANCIA «AJENA A SU FUNCIÓN» DE ASUNTOS INTERNOS
El magistrado aprovecha este auto con fecha de 3 de noviembre para acordar además una nueva declaración como investigado del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín-Blas. Esta citación llega después de recibir un oficio de esa unidad en la que se detallan hechos que pueden relacionarle con la operación ‘Kitchen’.
Concretamente, el juez explica que en ese oficio se dice que hubo vigilancia de la UAI en las inmediaciones del piso de la calle General Díaz Porlier de Madrid –donde tenía el estudio de restauración de arte la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias– el 25 de julio de 2013.
«La existencia de este vehículo permite inferir que funcionarios policiales adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, cuando ésta estaba bajo la jefatura de Marcelino Martín-Blas, realizaron labores de vigilancia en un inmueble relacionado con Rosalía Iglesias, la esposa del Sr. Bárcenas, cometido totalmente ajeno a la función de la Unidad de Asuntos Internos», dice el juez.
Por eso, el magistrado acuerda citar además como testigo al agente que participó en las vigilancias para conocer a quién reportaba sobre las mismas y quién las ordenaba. También cita como testigo al jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la UAI para que explique los motivos que llevaron a realizar esas actuaciones.
Por último, el juez cita como testigo a Oliver Zugel, de quien se encontró documentación de carácter personal en el registro de la casa de Villarejo en Boadilla del Monte. Según esa documentación Zugel sería socio-director de Monitor Clippers Partners, un fondo de capital riesgo, y habría contactado con la mujer de Bárcenas, según un informante al que se denomina como ‘K3’.
En los informes en poder de Villarejo se explicaba que Zugel operaría fundamentalmente con la banca privada de Zurich (Suiza) y tendría ramificaciones en España. Afirmaba que podría haber actuado como testaferro de Luis Bárcenas tanto en Sudamérica como en países del este.
Por eso, el juez le cita para que explique su relación con Villarejo, y ofrecerle acciones en el caso de que quisiera denunciar un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
