Pagazaurtundua alerta a Bruselas de que PSOE, Podemos y ERC apuestan por «discriminar» el castellano en la escuela

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha alertado a la Comisión Europea de que, a través de una enmienda al proyecto de ley de educación del Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) apuestan por la «discriminación» de los alumnos cuya lengua materna es el castellano.

La también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que aclare si va a tener en cuenta esta cuestión en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.

Pagazaurtundua señala que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en España han denunciado que, si esa enmienda parlamentaria se aprueba, suprimirá el carácter de lengua vehicular de enseñanza para el español, «llevando a una discriminación de los alumnos de lengua materna española».

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Según la eurodiputada, esto «vulnera el derecho constitucional a recibir la educación en una lengua oficial como es el español» y también atenta contra derechos fundamentales de los niños recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de la UNESCO y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La iniciativa pactada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC e impulsada por este último partido pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque las fuentes parlamentarias consultadas aseguran que la educación en castellano estaría garantizada.

El objetivo de esta enmienda, que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso -donde se debaten las modificaciones al proyecto de ley del Gobierno-, es blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.