La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno que convoque la comisión mixta de seguimiento del protocolo firmado por ambas administraciones en 2011 para actuar conjuntamente en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), y le ha instado a «ayudar» a «arreglar el desaguisado» medioambiental que supone el hotel de Azata del Sol.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, ha indicado en el pleno de este jueves en el Parlamento andaluz que «ya ha remitido» la carta al ministerio que dirige Teresa Ribera solicitando la convocatoria de un órgano que no se reúne desde septiembre de 2018.
«El presidente, Juanma Moreno, y el gobierno andaluz actual tienen muy claro que el objetivo es la recuperación integral de la playa a su estado original y esperamos, estamos seguros de que sí, que el Gobierno de España ayude con el mismo objetivo común de cerrar el tema de una vez por todas y acabar con esta aberración medioambiental en Andalucía», ha dicho.
Crespo ha remarcado que la Junta está actuando «para tener certezas y garantías» a la hora de cumplir el protocolo de actuación suscrito con el Gobierno frente al «ecopostureo» de anteriores gobiernos «que decían una cosa, y hacían todo lo contrario.
«Vamos a hacer que se cumpla ese protocolo porque, además de voluntad, hay hechos», ha afirmado para señalar la partida de 1,1 millones de euros consignada en el proyecto de ley de presupuestos para 2021 y que se destina a la «redacción del proyecto» y las «gestión de los residuos» generados por el desescombro tras la demolición que, según el citado acuerdo, corresponde al ministerio.
La consejera andaluza ha lamentado a pregunta de su grupo parlamentario que «no se pueda poner fecha al derribo, porque no depende de nosotros», pero ha destacado que la Junta «está trabajando para estar preparados cuando concluyan los trámites judiciales» aún activos en torno al hotel de Azata del Sol.
«Podemos dar más pasos y por eso tenemos tres líneas de actuación; hemos pedido la convocatoria de la comisión mixta, hemos incluido el Algarrobico en los presupuestos del año que viene y vamos a ejercitar las acciones judiciales pertinentes para hacer valer el derecho de retracto y recuperar el suelo», ha resumido.
Crespo ha asegurado que el Gobierno andaluz está «actuando con coherencia en este asunto» y ha subrayado que «la revolución verde es incompatible» con lo que ha repetido es una «aberración» al tiempo que ha concluido trasladando que mantienen «abiertas las línea de diálogo pleno» con la promotora del establecimiento.
DEMANDA CIVIL
Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.
Los servicios jurídicos de la consejería han determinado la «conveniencia» de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y «solicitar la anotación preventiva de dicha demanda» de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.
Desde el Gobierno andaluz han hecho referencia, asimismo, que ha habido «varios intentos infructuosos desde 2016» para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una «autorización de entrada» para tomar posesión de los terrenos.
La Junta pidió estas medidas ante la «actitud» de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían «impedido la entrega voluntaria» de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.
«La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta», concluía el Alto Tribunal.
El derecho de retracto se avaló también judicialmente en firme «dado el notorio interés ambiental» de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
