El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que el Gobierno Vasco ha convertido el Día de la Memoria, que se celebrará el próximo martes «en un ejercicio de blanqueamiento de ETA» y ha considerado que «la naturaleza y el objetivo» de esa jornada, que «debería ser recordar a las víctimas del terrorismo», se ha «pervertido» para «transformarlo en una pantomima a medida de los intereses de quienes justifican el terrorismo».
Covite, de este modo, ha criticado la campaña puesta en marcha por el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco, Gogora, en la que en una serie de vídeos protagonizados por jóvenes se hace hincapié en que «todas las víctimas deben ser tratadas por igual, porque todas han sufrido, sin mencionar si quiera por qué han sufrido, puesto que no se pronuncian las palabras terrorismo y ETA». A su juicio, esto supone «un burdo intento de negar que ha habido terrorismo en el País Vasco».
En ese sentido, ha incidido en que «reconocer el sufrimiento de las víctimas debe ir acompañado de una condena tajante de las razones por las que ese sufrimiento ha sido infligido». «El significado de las víctimas no es otro que la intencionalidad con la que los asesinos nos constituyeron en víctimas: un proyecto político nacionalista y excluyente. Por eso el significado de las víctimas de ETA es político, porque ETA no mató por barbarie ni por venganza, ni para robar la cartera de sus víctimas. Asesinó por un proyecto político», ha remarcado.
Para la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, «obviar esa especificidad del terrorismo de ETA es exactamente lo que buscan quienes no han condenado a ETA y la justifican: un manto de silencio que diluya sus responsabilidades criminales, que no les inste a condenar el terrorismo». «Negar el significado político de las víctimas de ETA no contribuye a la construcción de la Memoria digna que merecen», ha añadido.
«MANIPULACIÓN»
En este sentido, ha señalado que la «manipulación» de la campaña puesta en marcha por Gogora obedece a «una estrategia muy evidente de asentar un relato amable sobre lo que ha sido el terrorismo de ETA». «El nacionalismo busca privatizarnos y hacer hincapié exclusivamente en nuestro sufrimiento, omitiendo las razones por las cuales somos víctimas», ha lamentado Ordóñez.
Tras asegurar que las políticas públicas de Memoria del Gobierno vasco «omiten quiénes causaron la mayor vulneración de derechos humanos que hemos vivido en el País Vasco en los últimos cincuenta años», Covite ha insistido en que «tampoco se habla de la falta de libertad que ha padecido -y todavía padece- una parte de la sociedad vasca, consecuencia, precisamente, del terrorismo de ETA».
«Pero en esta campaña incluso se ha ido más allá y no se mencionan siquiera las palabras ETA y terrorismo. Somos víctimas de no se sabe qué violencia», ha denunciado el colectivo, al tiempo que ha censurado que «para ocultar que el terrorismo ha sido el mayor problema para la paz y la convivencia en Euskadi» se iguala a las víctimas en su «condición doliente, de sufrimiento» con las de otras violencias que «nada tienen que ver con el terrorismo».
Desde Covite cuestionan si «el Gobierno Vasco abordaría la violencia machista o racista sin ni siquiera mencionar las palabras machismo o racismo». «Evidentemente, no lo haría», sentencian. «Todas las violencias deben ser condenadas y deslegitimadas por los poderes públicos, tratadas cada una de ellas de forma individual, con la importancia y la gravedad que merecen», defienden desde el colectivo.
Asimismo, ha asegurado que la «estrategia de ocultación del terrorismo de ETA coincide con el deseo mayoritario de la sociedad vasca de pasar página del terrorismo sin cuestionarse nada, sin renunciar a los objetivos políticos máximos de quienes justifican a ETA y sin censurar que el brazo político de ETA se haya integrado en la vida democrática bajo una falsa normalidad sin haber condenado el terrorismo».
Finalmente, Covite ha considerado que el formato y el enfoque del Día de la Memoria es «una cesión de los partidos políticos al nacionalismo, que vuelven a dejar la construcción de la Memoria pública en manos de los herederos políticos de los terroristas». En su opinión, esto supone «un retroceso en la batalla de un relato honesto y digno para las víctimas».
