El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa, después de que el Gobierno aprobara un procedimiento para monitorizar la información y solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
La orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión para garantizar el acceso de los ciudadanos a una información veraz, «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas», y para cumplir los requerimientos de la Unión Europea respecto a la lucha contra la desinformación.
En rueda de prensa en la sede de Cs, Bal ha señalado que al inicio de la crisis del coronavirus el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya manifestó su pretensión de combatir las ‘fake news’ y de que «solo hubiera un canal de información oficial sobre la pandemia».
«No, España es una democracia avanzada, un país donde se respetan los derechos fundamentales, donde se respeta la libertad de expresión, ideológica, de prensa y de información» y donde «los excesos de estas libertades se corrigen con lo que dice el Código Penal cuando se cometen injurias, calumnias y el resto de delitos de expresión», y «en ese marco hay que moverse», ha afirmado.
EL PLAN DEL GOBIERNO CONTRA LA DESINFORMACIÓN
Según la orden publicada en el BOE, el plan contra la desinformación cuenta con una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
Además, están también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.
El Gobierno ha indicado que podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación cuya contribución se considere «oportuna y relevante» para combatir las ‘fake news’, por ejemplo con acciones como «la identificación y la no contribución a su difusión».
