El Gobierno ha aclarado este jueves que el procedimiento de actuación contra las conocidas como ‘fake news’ va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
En concreto, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el pasado día 6 un procedimiento de actuación contra la desinformación mediante el cual el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
La Secretaría de Estado de Comunicación ha aclarado que este procedimiento «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país».
Asimismo, tras las críticas recibidas por parte de varios partidos de la oposición después de que hoy se publicara en el BOE, ha garantizado que el Gobierno «no vigilará, censurará o limitará el libre derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
Según ha explicado, se trata de una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación, que en el caso de España data de 2018, con el objetivo de una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de nuestras sociedades.
Así, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de la democracia y su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio, asegura el Ejecutivo.
Añade que el procedimiento busca «definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos» y se propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
En la misma estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil.
El procedimiento establece cuatro niveles de activación «que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas».
El Gobierno argumenta que la finalidad última es la de mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido.
