El grupo parlamentario de Vox ha anunciado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley de Educación, la denominada ‘ley Celaá’ o LOMLOE, si elimina el castellano como lengua vehicular, sumándose así a otros grupos parlamentarios como PP y Cs, que ya anunciaron este miércoles esta medida.
Vox considera que esta ley supone «la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos», después de que esta semana se diera a conocer el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos con ERC para retirar, mediante una enmienda a la LOMLOE, la configuración del español como lengua vehicular en la educación, de modo que serán las comunidades autónomas las que podrán decidir cuál es la lengua vehicular en su territorio.
«La riqueza cultural de España y su diversidad lingüística se utilizan como instrumentos para la secesión, pasando por encima de nuestra Constitución que, en su artículo tercero, establece claramente el deber de conocer y expresarse en la lengua oficial del Estado para todos los españoles», denuncia el portavoz de Vox en la Comisión de Educación del Congreso, Joaquín Robles. Según el grupo, se vulneran, además, los derechos que tienen tanto padres como ciudadanos cuya lengua materna es el español.
Por ello, y ante esta «ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y contra la unidad nacional», Vox ha anunciado su «total oposición con todos los mecanismos legales y parlamentarios a su alcance».
Así, recurrirá la LOMLOE ante el TC por ser una «ley sectaria que no sólo atenta contra la Nación Española por esta vía, sino que, además, pretende asfixiar a la enseñanza concertada, a las escuelas infantiles o a los centros de educación especial», tal y como denuncia la portavoz de Vox, Georgina Trías.
La formación denuncia, además, el uso de la educación que pretende hacer el Gobierno, para convertir este derecho de los niños en un «medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias.
«Es un hecho gravísimo, sin precedentes en nuestra historia democrática, donde un Gobierno pretende dar amparo legal a las infracciones que se llevan cometiendo desde hace muchísimos años tanto en Cataluña, como en Galicia y País Vasco, se pretende excluir el español, vulnerar el derecho de padres y estudiantes, y Vox no va a dar un paso atrás, sino que va a defender esa libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, esa necesidad de que nuestros estudiantes se formen en español», ha asegurado por su parte el diputado por Barcelona de la formación, Ignacio Garriga, que además ha recalcado que «lo primero que hará» Vox si llega al Gobierno será derogar esta ley.
