Sólo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España, en total 697.124 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y ha difundido la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Las diferencias entre comunidades son importantes, ya que País Vasco y Navarra, tienen porcentajes que suponen el 70% y el 63% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza.
Del resto, sólo cuatro comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% –Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León– y las otras nueve restantes no alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.
La cuantía media por perceptor de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 17,1% de la renta media por hogar en España, aunque ha experimentado un incremento desde el 13,7% de 2018 al 17,1% de 2019.
Extremadura con un 23,1%, es la comunidad autónoma cuyos perceptores de renta mínima de inserción perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio. Esto significa que los perceptores RMI de estas 3 comunidades se les garantiza 1 de cada 5 euros de la renta media de su comunidad.
Sólo otras cinco comunidades superan el 15% (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, dos Comunidades tienen un porcentaje mínimo, Murcia (10%) y Baleares (7,2%). «Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a perceptores garantizar la supervivencia», según ha indicado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Para la entidad, la aprobación del ingreso mínimo vital ha sido «una magnífica noticia», pero lamenta «las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas». «Lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables», sostienen los directores y gerentes en servicios sociales.
Ante esta situación, solicitan al Gobierno que pongan en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a las comunidades autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, «para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.
