La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha revelado este viernes la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en estado «muy embrionario» y de la que se ocupará, al igual que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, presente durante el anuncio que se ha realizado durante un encuentro informal con periodistas .
Las pesquisas, de las que no se han concretado datos sobre si afectan tan solo al emérito o a más personas, aún deben ser incoadas formalmente y parten de una información procedente de «inteligencia financiera» –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)–. Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivar delitos fiscales.
Esta tercera línea de investigación se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada con respecto al padre de Felipe VI por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto de este aforado.
La causa, no obstante, se seguirá investigando respecto de otras personas y por ello esta parte de las diligencias vuelven a la fiscalía Anticorrupción. En cuanto al informe relativo a Juan Carlos I, está previsto que se presente antes de que concluya el año, pues se trata de hechos que pueden ser diferenciados perfectamente de los atribuidos al resto de implicados.
TARJETA DE CRÉDITO
El segundo expediente, que se encuentra ya «muy avanzado» en palabras de la fiscal general, es el relativo a pagos con una tarjeta de crédito de los que se podrían haber beneficiado Juan Carlos I y otros miembros de su familia sin ser titulares de la cuenta asociada a este medio de pago, si bien de su contenido no han hablado este viernes ni Delgado ni Luzón. En este asunto se incorpora al equipo ya constituido en el Supremo y presidido por Juan Ignacio Campos el jefe Anticorrupción.
La fiscal general explica la inclusión de Anticorrupción en las diligencias por la mejor capacidad operativa que tiene esta fiscalía especial respecto a la del Supremo, ya que tiene a su disposición unidades policiales adscritas, peritos económicos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado, unidades de inteligencia financiera etc, lo que hace que sea de una «altísima operatividad» según la fiscal general.
Existe un precedente, que fue el ‘caso Estevill’ para el que se contó con el jefe de Anticorrupción de entonces, Carlos Jiménez Villarejo. «Contar con Anticorrupción es bueno, es positivo y va a resultar de gran operatividad», ha explicado.
DEFENSA DE LOS FISCALES
Delgado ha comenzado su intervención defendiendo que Anticorrupción, un departamento especializado creado hace 25 años, es una parte más de la Fiscalía española, y anunciado su intención de «maximizar la defensa de los fiscales que pudieran ser atacados en querellas y denuncias» que además son rechazadas sistemáticamente en los tribunales.
Ha añadido que se trata también de amparar el honor de los fiscales que son atacados en el ejercicio de sus funciones, pudiéndose referir aunque sin citarle a uno de los fiscales del caso ‘Tándem’, Ignacio Stampa, que ha sido recientemente apartado de la causa.
«Nuestra institución tiene que trabajar en condiciones adecuadas tanto desde su cúpula como desde cualquier Fiscalía por pequeña que sea -ha añadido-. Los compañeros tienen que tener el sosiego necesario para trabajar con tranquilidad».
FUGAS DE INFORMACIÓN
En relación con las filtraciones, la Fiscal General ha señalado que la Fiscalía General no puede permanecer pasiva cuando se producen, y que hay que hacer todo lo posible para evitarlas, por lo que es necesario que los mecanismos internos de Fiscalía se activen cuando se producen comportamientos que pueden ser objeto de sanción disciplinaria o, incluso, constituir ilícitos de naturaleza penal.
También ha resaltado la importancia de la protección de datos para la Fiscalía, que permite implementar medidas de acuerdo con la adaptación de la normativa comunitaria a la realidad del Ministerio Fiscal, lo que le dota de la posibilidad de activar acciones preventivas para evitar que datos personales puedan trascender a terceros.
Para ello, la fiscal General ha avanzado que solicitará al Ministerio de Justicia los más avanzados medios de custodia material y telemática de procedimientos tan sensibles como los que son objeto de investigación en la Fiscalía Anticorrupción.
