El principal asesor del presidente del Gobierno ha elevado un escalón su estrategia para proteger la imagen de la única persona a la que se debe: Pedro Sánchez. La mente que ha creado toda la estrategia maquiavélica que ha evitado el desgaste de Sánchez durante la pandemia ha elevado el tono y ahora a golpe de Boletín Oficial del Estado, Iván Redondo se encargará en primer plano de controlar a los medios de comunicación que molesten más de la cuenta. El «Ministerio de la Verdad» de George Orwell, lo llaman algunos, y el Gobierno lo ha definido como un plan «imprescindible» para «establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». Redondo te dirá qué leer y dónde leerlo. Si no le gusta la información y la consideran falsa o que falta a la verdad, podrán meter mano.
No ha sorprendido a nadie que el plan de Redondo haya ido más lejos y haya cruzado la línea. Que hayan convertido en tendencia un ficticio ministerio de la Verdad nombrado por Orwell en su novela de ficción 1984 no es casualidad, pues la mayoría de los internautas han entendido que este plan se basa en controlar la información incómoda o que ellos consideren manipulada. Hay una línea muy fina entre esos conceptos que el jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, controlarán desde su cómodo sillón en la administración pública. Y decimos cómodo porque Sánchez ha aprobado el gasto de 45.000 euros para acondicionar el despacho de Redondo. Poco es para quien ha convertido al líder del PSOE en lo que es: presidente.
Ya que Newtral, una página web que pertenece a la periodista Ana Pastor, sea un portal de verificación contrastado y dado por bueno por las redes sociales inquieta. Sin embargo, Redondo se ha querido sumar a esta iniciativa que lideran Newtral y Maldita para hacer una versión gubernamental. Otro agente, en este caso público, entra al juego de decir qué publicación es verdad y cuál no. Y si no lo es, veremos las consecuencias que habrá para el medio al que el Ejecutivo acuse directamente de haber mentido.
La orden que se ha publicado en el BOE apunta a que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas» es la «información veraz y diversa». Por este motivo justifican que cualquier medio que no comulgue con estos principios es una amenaza por precisamente «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Un discurso que parece comprado de la formación morada, porque ellos fueron los primeros en abrir fuego contra lo que consideraban bulos. Quizás por eso se compraron un periódico en el que pusieron al frente a Dina Bousselham, una de las principales asesora del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y principal amenaza (judicial) para el referente del partido morado.
Sobre el cómo se aplicará, no se detalla mucho. Pero sí se apunta a que hay que «asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación» y que hay que abordar el asunto de las fake news como una «manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19″.
Lo que no es baladí es que Sánchez haya colocado al frente de este tema a Redondo. Este asesor es el artífice de toda la estrategia que sigue el PSOE en el Gobierno y especialmente de que Sánchez a penas haya sufrido desgaste durante la pandemia. Ya controla las encuestas del CIS con Tezanos y ahora solo le falta la opinión pública (al menos tenerla bajo el microscopio) para conseguir urdir un buen plan para que el presidente del Gobierno llegue vivo a las elecciones de 2023. Porque sí, ese es el gran objetivo del presidente, revalidarse en el cargo por otros cuatro años.