La, tan controvertida, reforma que propuso el Gobierno el pasado mes de octubre sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una única mayoría fue firmada por Adriana Lastra y Pablo Echenique. O lo que es lo mismo: dos personas que no tienen conocimientos acerca de la envergadura del proyecto que registraron. Está claro que ellos no la redactaron, que lo haría algún jurista, lo que es todavía peor. A alguien que dejó los estudios en antropología para ponerse a militar en el PSOE y a un físico no se les puede exigir que sepan de leyes. Pero a un “experto” en derecho sí.
Una ley anticonstitucional que permite que el poder Ejecutivo controle la cúpula del poder Judicial es decir: quien gobierne será quien elija al presidente del Tribunal Supremo llegando a acuerdos con los mismos que le han llevado a La Moncloa. Un atentado en toda regla contra el principio de separación de poderes que Montesquieu promulgó a mediados del siglo XVIII. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se mostró muy crítico entonces con Sánchez, al que acusó de soberbio y al que instó a explicar “por qué amenaza a toda España con una reforma a la polaca que liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial”. Días después del anuncio del proyecto, fue el propio presidente del Gobierno el que tendió la mano a Casado y ofreció aparcar la reforma del CGPJ después de la moción de censura de VOX y la postura del de la oposición.
«Señor Casado, como todo esfuerzo en favor del entendimiento es poco, yo hoy doy un paso más, le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del CGPJ para poder llegar a un acuerdo con ustedes», declaró Sánchez. Por su parte, la respuesta del PP no se hizo esperar. Los populares han impuesto tres condiciones, de las cuales solo hay una con la que Sánchez no está de acuerdo: dejar fuera del proceso a otro socio del Gobierno, Unidas Podemos.
Críticas desde Europa
Desde Europa se han posicionado en contra de la reforma, por ello la Asociación Europea de Jueces ha expresado una “gran preocupación” ya que consideran que esta reforma legislativa “da un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial”. En un comunicado, se mostraron muy críticos con el Gobierno de coalición ya que consideran que “en lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación del CGPJ reforzando garantías de independencia volviendo al sistema anterior donde los jueces que formaban el órgano eran elegidos por sus iguales” opte por una opción que aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto dañado así la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva. La asociación también se refirió a lo que dijo Europa cuando Polonia realizó una reforma similar en 2017: la Comisión aseguró que iba en contra de las normas europeas que dio lugar a un proceso sancionador contra el país que le amenazaba con suspender su derecho a voto.
En España, las principales asociaciones de jueces también se mostraron su malestar con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial alegando que aleja a España de los parámetros europeos de independencia judicial y la acerca a países como Polonia o Hungría. Desde el PP recurrirán al Tribunal Constitucional, al igual que Vox y alertan que esta medida puede derivar en el bloqueo de los 140.000 millones de euros que España espera recibir en los próximos años para paliar la crisis que ha provocado la pandemia de coronavirus.
