Las entidades que componen la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han vuelto a exigir al Gobierno que cumpla su compromiso con la ONU y apruebe de forma «urgente» una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que se encuentra «estancada desde hace más de 10 años».
Así lo piden ACCEM, la Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja Española, la Fundación CEPAIM, la Fundación Secretariado Gitano, el Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge.
El pasado mes de julio, el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos a impulsar esta ley. Sin embargo, las entidades denuncian que, a fecha de 16 de noviembre, no tienen conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa que se esté trabajando en el Congreso.
Tampoco cuentan con información sobre que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren respuesta.
Las organizaciones que forman parte de la Alianza consideran fundamental que este compromiso se materialice con carácter «urgente». En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria de elecciones.
Las ocho organizaciones han remitido una carta al Gobierno de España en la que avisan de «las situaciones de discriminación» a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, «que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada.
Por ejemplo, las entidades recuerdan los casos en los que «los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos», o cuando «particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante». «Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona», advierten.
