El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este martes en la Cámara Alta que se «acepte el diálogo» para poner fin a la huelga en la estiba del Puerto de Bilbao, prolongada hasta el 9 de diciembre, bajo el cumplimiento de la normativa europea para así evitar la toma de «decisiones forzosas».
En respuesta a la senadora de EH Bildu Idurre Bidegure, Ábalos ha comenzado su intervención aclarando que su Ministerio ha seguido este conflicto porque «se produce en un espacio estratégico del que tiene responsabilidad» su cartera, a pesar de que se trata de un conflicto «laboral», pero ha señalado que «tienen muy poca capacidad de intervención en cuestiones de puertos dada la autonomía».
Ha explicado que la problemática del desencuentro es que «se trata es de la renovación de un convenio del año 2013 y ahora la regulación europea no acepta este convenio». Esa es la cuestión», ha insistido, al tiempo que ha revelado que las empresas estibadoras y el Gobierno vasco les han pedido «mediación.
«Nos gustaría que se aceptara el diálogo», ha reconocido tras argumentar que le convocatoria está provocando «muchísimos prejuicios» a todo el sistema portuario y, por extensión, a la actividad económica. Pero eso sí, ha subrayado que no les gustaría «tomar ninguna decisión forzosa, que es el arbitraje obligatorio».
«Debería ser la autoridad laboral quien os lo planteara y tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros porque es una medida muy impactante», ha añadido al hilo al tiempo que ha hecho hincapié que no les gustaría llegar a ello.
Asimismo, ha insistido en que la regulación de la estiba ha cambiado «enormemente» debido a la regulación europea, «que ha costado mucho». Por ello, ha pedido que se haga un esfuerzo para volver a la normalidad en este puerto que, según ha afirmado, «tiene un interés estratégico en toda la zona norte, pero también en el centro peninsular».
La senadora ha replicado al ministro diciéndole que «tiene mucho que decir» porque el puerto es de interés general del Estado y, además, le ha reprochado que aún más porque forma parte de un Gobierno que «quiere acabar con las elevadas tasas de temporalidad». Según ha indicado Bideguren al inicio de su intervención, la cifra de trabajadores temporales en el puerto asciende a 116, de los cuales algunos llevan doce años con este tipo de contratos. «No pueden tener un proyecto de vida», ha señalado.
