La Junta de Castilla y León extenderá los análisis de aguas fecales a institutos y universidades y continuará con los cribados masivos con test de antígenos de segunda generación allí donde se produzca una alta incidencia, una tendencia de crecimiento y baje el rastreo.
Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su comparecencia a petición propia en las Cortes para explicar la situación de la pandemia en la Comunidad.
Casado ha explicado que el rastreo de aguas fecales, para lo que ha agradecido la colaboración de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha puesto en marcha para monitorizar las residencias de mayores (en las de más de 100 residentes se hacen tomas dos veces por semana), hay 663 puntos de toma de muestras en la Comunidad y sirve para una detección rápida de COVID que ayuda a detener su propagación, por lo que ahora se extenderá a institutos y universidades.
Además de esta medida de detección de COVID, la consejera ha señalado que se continuarán con las pruebas a gran escala para la detección de casos, algo oportuno donde hay una incidencia acumulada importante (más de 800 casos por 100.000 habitantes), tendencia creciente y disminución de la trazabilidad (menor del 50 por ciento), algo que ocurre a medida que avanza la transmisión comunitaria.
Casado ha explicado que se está organizando actualmente en Burgos con una triple estrategia dirigida a la población en general donde se detecta una mayor incidencia, con trabajadores, para lo que se han puesto en contacto con los polígonos industriales y en universidades e institutos.
La medida se pondrá en marcha después de las experiencias llevadas a cabo en San Andrés del Rabanedo (León) y Aranda de Duero. En el primero de los casos se realizaron 10.442 pruebas y se detectaron 64 positivos y en el segundo 11.755 y 38 positivos. Aunque pueda parecer poco, ha explicado, se han detectado positivos asintomáticos y de los datos resulta una incidencia de 667 casos por cada 100.000 habitantes en San Andrés y de 447 en Aranda, lo que supone que cada persona contagie a otras tres, lo que multiplicaría afectados, y evitar así que varias personas lleguen a las UCI.
La consejera ha advertido del «importante esfuerzo» que supone este tipo de pruebas masivas y su organización tanto por el número de test de antígenos que se necesitan como por las carpas, el material, los profesionales que se necesitan y la colaboración de Protección Civil y de los ayuntamientos, cuya «grandísima labor» ha destacado allí donde se han realizado estas actuaciones.
AGILIDAD EN LA DETECCIÓN
Casado ha asegurado que se potenciarán los test de antígenos de segunda generación como «herramienta ágil», dado su resultado rápido y se ha empezado una estrategia más extendida en Atención Primaria, Puntos de Atención Continuada y servicios de Urgencias, algo que ha aclarado que «no quita ni un punto» a la realización de PCR, aunque el objetivo sea tener el número máximo de estos test.
Para ello se ha impulsado su compra, con 112.580 unidades en stock y tres pedidos de 450.000 más que llegarán esta semana y la que viene con un coste de 2,4 millones de euros. También se hacen pedidos para otras consejerías como las de Educación y Familia, ha añadido.
La consejera ha señalado que el uso de estos antígenos, en cuyo uso han sido cautos hasta que no se ha comprobado su validez incluso para asintomáticos, se suman a las pruebas diagnósticas de infección activa. A este respecto, ha señalado que se realizan más pruebas por cada 100.000 habitantes en Castilla y León que en el ámbito nacional, con 3.221 frente a 2.456 y en la última semana se han realizado un total de 77.293 entre PCR y antígenos de segunda generación, con una positividad del 17,46 por ciento.
Casado ha agregado que las estrategias diagnósticas han sido consultadas con el comité de expertos y ha aclarado que no se pretende realizar cribados masivos poblacionales con antígenos «como norma general», sino donde haya elevada incidencia o baja trazabilidad, por ejemplo.
Así, ha señalado en respuesta a las preguntas de los procuradores en las Cortes, que hay localidades como la de Ólvega (Soria) donde ahora no se plantea un cribado masivo, pero que es una de las que se encuentran en una lista de diez o doce municipios que se analizan y que «preocupan».
Junto a esta estrategia está la de rastreo, ha explicado la titular de Sanidad, quien ha destacado la alta tasa de personas dedicadas a esta labor por cada 5.000 habitantes, que se sitúa entre 1,35 de Ávila y 2,45 de Soria, con un total de 1.245 rastreadores, 450 del Ejército de Tierra, al que ha agradecido la aportación.
Casado ha apuntado que donde se potencia la intervención es donde se observa que puedan estar subiendo los casos, aunque todas las provincias se encuentran en un nivel «altísimo» si se compara con otras comunidades autónomas que ofrecen datos (no todas lo hacen).
«Es evidente que hay muchas estrategias en marcha, una de las más importantes el rastreo, que es fundamental, pero en caso de tranmisión comunitaria no», ha añadido la consejera, quien ha apuntado que por ello se plantean alternativas como la búsqueda en aguas fecales en sitios donde aparentemente no hay nada y permiten intervenir si se detecta COVID y los antígenos, que permiten estimar la incidencia y evitar que los contagios se multipliquen.
CAUTELA Y PRESIÓN ASISTENCIAL
Verónica Casado ha señalado que la incidencia en Castilla y León ha disminuido y ya se sitúa por debajo de los 800 casos por cada 100.000 habitantes (798), con una tendencia general al descenso, y es la segunda en cuanto a casos, igual que en hospitalizados, mientras que en ingresados en UCI se ha bajado hasta la décima posición y los fallecimientos la sitúan en tercera.
Actualmente hay 1.785 pacientes COVID ingresados, 1.545 en planta y 240 en UCI, las plantas están al 71 por ciento y las unidades de críticos ampliadas al 69 por ciento, por lo que preocupa la situación en hospitales y se han establecido medidas de refuerzo.
En concreto, se han establecido recursos intermedios como el Edificio Rondilla en Valladolid, donde hay 34 ingresados que provienen de Valladolid (29), Palencia (1) y Burgos (4); en Burgos el Divino Valles (37 pacientes) y el Hospital Fuentebermeja de refuerzo.
A ello se suma la concertación para externalizar cirugías programadas para seguir atendiendo actividad programada por ocupación de quirófanos en las provincias de Burgos, León y Valladolid.
Por ello ha advertido de que sigue siendo prioritario parar «entre todos» esta situación y, aunque parece que se aplana la curva y el índice de reproducción ya se ha situado por debajo del 1 (0,99), recomienda «muchísima cautela» y no fiarse porque había comunidades que tenían excelentes resultados y ahora cuentan con graves provblemas, ya que con este virus se producen «dientes de sierra» y ya hay expertos que hablan de una tercera ola en enero o febrero.
A lo largo de su intervención, la consejera ha incidido en que se trabaja junto al Ministerio en la estrategia de vacunación de cara al futuro y se prepara el estudio de seroprevalencia, que llegará a 10.160 participantes y, tras la prevalencia inicial de un 7,8 por ciento, la consejera ha señalado que le gustaría que esta seroprevalencia hubiera aumentado y fuera evidencia de una inmunidad mucho más generalizada.
