Vox llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar el derecho de todos los españoles a estudiar «exclusivamente» en castellano en todo el territorio nacional.
El debate de esta iniciativa tendrá lugar en plena polémica por la reforma de la LOMLOE o Ley Celaá, que entre sus novedades suprime la mención expresa al castellano como lengua vehicular en la educación.
En su iniciativa, los de Santiago Abascal creen que «ya es hora» de que el Estado «ponga orden» en el uso del castellano y de que garantice el derecho y el deber de todo español de conocer la lengua oficial y el de los padres a elegir para sus hijos esta lengua como vehicular de todas las asignaturas curriculares.
Así las cosas, en primer lugar emplazan al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para asegurar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, que establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Sobre la base de esto, Vox urge a garantizar el derecho de todos los españoles a «vivir plenamente» y a estudiar «exclusivamente» en castellano en todo el país, así como a relacionarse con todas las Administraciones en la lengua oficial del Estado, y plantea, además, la necesidad de establecer una relación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de la norma.
También subraya la necesidad de garantizar la obligación de todos los españoles de conocer el castellano, mediante pruebas de nivel y/o mediante otros métodos de enseñanza y de evaluación oficiales, especialmente en aquellos territorios que cuenten con otra lengua cooficial, como Cataluña, Galicia o País Vasco.
Igualmente, deberá asegurarse que la lengua vehicular, de comunicación y de trabajo de todas las Administraciones, sea el castellano, sin perjuicio de que en los territorios con otra lengua cooficial se disponga lo necesario para que se pueda utilizar también esta última. En este sentido, subrayan que no se podrá obligar «en ningún caso» a los funcionarios a conocer y/o utilizar una lengua distinta del castellano, al tiempo que plantean suprimir el requisito de conocer la otra lengua cooficial para acceder a un empleo público.
Por último, la propuesta aboga por que toda señalización –incluida la toponimia—, rotulación, cartelería y comunicaciones que realice cualquier Administración deberá estar al menos en castellano –y con letras igual de tamaño y forma que los de la otra lengua cooficial que también se utilice–.
Una medida que los de Abascal quieren que sea aplicable también a cualquier entidad pública o no que realice actividades sociales si se le ha reconocido el derecho a percibir cualquier tipo de subvención o ayuda pública.
