Los principales grupos del Congreso han apoyado la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, a través del cual el Gobierno reparte entre 300 entidades los 26,4 millones de euros recaudados del 0,7% del Impuesto de Sociedades –la conocida como ‘X solidaria de las empresas’– que se distribuye por primera vez.
Cruz Roja Española, con 2,9 millones de euros, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con 1,1 millones, y Cáritas Española, con 811.977 euros, son las que más fondos recibirán. Les siguen: Plena Inclusión (676.414 euros); la Fundación Secretariado Gitano (634.357); Proyecto Hombre (476.357); Salud Mental (670.538); Red Europea de Lucha contra la Pobreza (375.539); Médicos del Mundo (355.240); Unión de Asociaciones Familiares (355.240), y Plataforma del Voluntariado de España (345.090), entre otras.
Aunque la mayoría de los grupos parlamentarios han anunciado este jueves en el Pleno del Congreso su voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos, Junts Per Catalunya, Compromís, PNV), o su abstención en el caso del Partido Popular, algunos han puesto en duda los criterios que ha seguido el Gobierno para decidir las entidades destinatarias de estas subvenciones nominativas.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha subrayado que es «una obligación» para el Ejecutivo «reconocer el enorme esfuerzo de estas organizaciones en los últimos meses redoblando su tarea para atender las necesidades de los más afectados por la pandemia» y «llegando allí donde la administración no es capaz de llegar». «Muchísimas gracias», ha expresado.
Además, ha precisado que la solución adoptada este año para realizar este reparto de los fondos es «una solución excepcional» y ha añadido que «no cabe duda de que el sistema de financiación del Tercer Sector necesita una revisión en profundidad».
La diputada del PSOE Sonia Guerra se ha sumado a este agradecimiento a todos los trabajadores y voluntarios del Tercer Sector, a los que «luchan cada día para que a una familia no le corten la luz», a los que están «en bancos de alimentos», a los que «acompañan a los mayores en soledad», a los que prestan «teleasistencia». «Y sí señorías de Vox, también a los y las que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas», ha precisado.
Por su parte, la diputada del PP Margarita Prohens, que ha subido al estrado con un lazo naranja por los niños con discapacidad, ha criticado el «pasotismo» de Iglesias con el Tercer Sector y ha anunciado la abstención de su partido «por responsabilidad con muchas de las entidades que van a recibir estos fondos» aunque ha denunciado «falta de objetividad» y ha calificado de «curiosas» algunas organizaciones que aparecen en la lista.
En este sentido, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás cree que con este Real Decreto, el Gobierno «riega con dinero público sus chiringuitos» en referencia a las «decenas de asociaciones de mujeres» que aparecen entre las entidades que reciben estas subvenciones, pero ha anunciado que se van a «tragar el sapo» y van a votar «sí» por todas las entidades del Tercer Sector que son «un ejemplo» y que ayudan a «miles de españoles que llevan meses acudiendo a hacer cola para recibir arroz, lentejas o pañales».
Mientras, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido Gutiérrez ha subrayado que la financiación del Tercer Sector es «fundamental» por lo que ha invitado al resto de grupos a «dejar atrás críticas catastrofistas, interesadas y partidistas» porque, a su juicio, «es el momento de ayudar» a estas entidades.
REPARTO «TOTALMENTE ARBITRARIO»
También la diputada de Esquerra Republicana Inés Granollers ha destacado el «papel fundamental» de las ONG a las que hay que «asegurar un horizonte de estabilidad» pero ha rechazado el reparto que hace el Gobierno a través de este Real Decreto que ha tachado de «totalmente arbitrario». Por ello, ha precisado que solo votarán a favor si se tramita como proyecto de ley.
El diputado de Junts Per Catalunya Joan Boadella también ha coincidido en el momento de «excepcionalidad» pero ha criticado que en este Real Decreto «queda la duda de cuál ha sido el criterio» para decidir qué entidades reciben fondos y cuáles no. Además, ha pedido que se tramite como proyecto de ley y ha apostado por aumentar del 0,7 al 1% el porcentaje para fines sociales.
Igualmente, el diputado de Compromís-Podemos-EUPV Joan Baldoví ha expresado su apoyo aunque también ha reclamado que se trabaje «ya mismo, sin demora» en un nuevo modelo de financiación del Tercer Sector, algo en lo que ha coincidido la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, quien ha precisado que esto no deja de ser «un parche» y que hay que garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las ONG.
También el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha dicho que votarán a favor ante la situación «excepcional». Por su parte, el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca se ha opuesto a este Real Decreto porque, a su juicio, «cuela de rondón» entidades «que persiguen finalidades de genuina carga política».
